Aunque podría entenderse, por el título, que nos referimos a diputados sin título profesional, sin formación alguna en la labor legislativa, con notorios conflictos de interés, dados sus nexos y financistas, esta vez nos referimos a la amplia presa de leyes guatemaltecas que se encuentran vigentes pero, por su antigüedad, ya han sido rebasadas por las circunstancias económicas, geopolíticas y logísticas del mundo actual. Esas normas desfasadas deberían ser suprimidas o, de ser necesario, sustituidas totalmente por decretos funcionales, constitucionalmente engarzados, y, aunque suene obvio decirlo, redactadas técnicamente en cuanto a estilo, sintaxis y semántica.

Por increíble que parezca, existen y rigen en el ordenamiento jurídico del país normas que tienen más de 75 años. Las áreas que regulan se han transformado de manera vertiginosa, sobre todo en las últimas dos décadas, pero los conceptos arcaicos persisten; en otros casos, hay vacíos legales porque ciertos conceptos como el comercio en línea, el intercambio bursátil o las criptomonedas simplemente no tenían mayor peso hace apenas tres lustros. No obstante, varios países han actualizado y simplificado normativas para atraer inversiones y estar a tono con las demandas de la competitividad global.

Ciertamente se han dado algunos pasos en el país, como la validez de la factura electrónica, la Ley de Factoraje, la de Simplificación de Trámites o la de Timbre Electrónico; sin embargo, hace falta mucho trabajo legislativo y es allí donde el Congreso de la República, especialmente el actual, ha desperdiciado el tiempo y lo sigue haciendo, por darle prioridad a otros intereses que golpean la certeza jurídica y democrática.

Resulta irónico que el Congreso actual se recete presupuestos que sobrepasan el millardo de quetzales, lo cual incluye cuantiosos gastos en asesores y personal de apoyo, pero el resultado de su labor legislativa sea más bien magro, mediocre y enfocado en temas ociosos que no contribuyen a la productividad. La propia Corte de Constitucionalidad ha hecho severas observaciones acerca de la mala redacción de ciertas leyes, pese a la existencia de una comisión de Estilo y de Constitucionalidad. Con frecuencia estos errores se deben a las malhadadas enmiendas de curul que a menudo trastocan acuerdos políticos y conceptos consensuados en el pleno, tan solo para favorecer determinados intereses de allegados y achichincles.

Ayer se aprobó en primera lectura el Presupuesto de Gastos 2024, que está plagado de errores, minado de cláusulas inéditas para condicionar al próximo Ejecutivo y con asignaciones voluminosas a favor de ciertas entidades del Estado plegadas al actual oficialismo. Dicha normativa es la columna vertebral del funcionamiento y la inversión para el desarrollo, pero sigue sujeta a criterios clientelares, favoritismos vacuos e intercambios de favores con diputados distritales, alcaldes e incluso contratistas-financistas.

La iniciativa 6287 busca la derogatoria de al menos 30 decretos totalmente rebasados e inconexos que solo sirven para alimentar discrecionalidades, acicatear incertidumbre o bloquear el desarrollo económico. Pero es solo la punta del témpano, pues también se debe crear un nuevo Código Mercantil, debido a que el actual tiene más de un siglo, con varias reformas que no alcanzan a abarcar las necesidades comerciales del presente y, sobre todo, del futuro. Pero esta legislatura, con más de 90 diputados ya depurados por la ciudadanía, solo actúa según sus miopes conveniencias.