Existen muchos señalamientos, reclamos y denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos a lo interno de dependencias del Estado, en el manejo de asignaciones, contratos, compras o creación de plazas innecesarias, entre tantas prácticas cuestionables. Sin embargo, a veces también se dan acciones opacas a nivel de individuos de a pie, en busca de un beneficio personal. Quizá se intente incluso esgrimir la penuria o la necesidad como atenuantes, pero a la vez existen muchas personas que defienden aquel viejo refrán: “pobre, pero honrado”.

Esta paradoja viene a colación al conocerse la cifra de 8 mil denuncias en contra de personas que dieron falso testimonio, suplantaron identidades o privaron a otros de recibos de electricidad para poder registrar los números de serie y hacerse acreedores a pagos del programa de asistencia Bono Familia que les correspondían a otros, por diversas circunstancias.

Se trata de un abultado número de casos que sin duda representará una carga adicional para el Ministerio Público. Las denuncias serán procesadas en fiscalías municipales debido a que provenían de varios departamentos. Con frecuencia, el señalamiento se originó por parte de personas que esperaban recibir el bono de ayuda por la pandemia, pero que les fue birlado por los propietarios sus viviendas o por otras causas. En las denuncias se detallan datos de identificación personal de los presuntos defraudadores y el teléfono registrado para el cobro.

Ningún tipo de acto de corrupción es tolerable y en este caso deben buscarse las vías de arreglo y reparación que establece la ley a fin de evitar una saturación de procesos que entrampe aún más el sistema de justicia. El Ministerio de Desarrollo cumple con su obligación para no caer en una omisión de denuncia, pero tampoco debe dejarse de lado el hecho de que la administración de los recursos de ayuda por la pandemia ha estado plagada de deficiencias, demoras y errores.

En dicha cartera se han señalado asuntos opacos, como ocurrió con la fallida compra de galletas nutritivas, supuestamente destinadas a escolares, pero sin contar con el aval del Ministerio de Educación y en una licitación que solo estuvo abierta por media hora, con un gasto de Q14 millones. Dicha adquisición fue suspendida. No obstante, el Fondo de Desarrollo Social, a cargo de tal adquisición, ha sido señalado de ser, desde su creación, una especie de caja chica con sentido clientelar y pocos controles de transparencia.

Es necesario también que las autoridades del Mindes detallen el monto total del presunto fraude colectivo que abarcan esas ocho mil denuncias, según los cobros. Si, hipotéticamente, todos hubiesen cobrado cuatro pagos de Q1 mil ofrecidos inicialmente, se estaría hablando de un total de Q32 millones, cuya restitución debería ser objetivo prioritario, además de una sanción civil o penal para quienes resulten culpables. Pero, de nuevo, no hay que olvidar que en este momento hay exfuncionarios prófugos por casos que multiplican esa cantidad y cuya búsqueda, aprehensión o extradición no parece ser una prioridad para las fuerzas policiales.

En todo caso, quedan lecciones administrativas útiles para futuros programas de asistencia, que deben tener filtros y cotejos para poder detectar falsas identidades, contar con una base de datos confiable y atajar otras formas fraudulentas de actuar.