En un país necesitado de certeza jurídica y de cambios sustanciales que contribuyan a fortalecer el estado de Derecho, persiste la incertidumbre, a un mes de haber comenzado el polémico plazo extra e indefinido de la Corte Suprema de Justicia, la cual no pudo entregar las magistraturas, a falta de sucesores designados legalmente. Prevenir la repetición de este entuerto legal, sistematizar las evaluaciones de jueces y magistrados —cuya omisión es una de las causas del atasco— y cambiar la metodología de elección figuran entre los grandes desafíos, urgentes, pero postergados, a causa de la imposibilidad dialógica de ciertos grupos y de oscuros operadores que propugnan por la prolongación del actual sistema, vulnerable a sus influencias.

En estas circunstancias, el Congreso de la República emprendió de súbito y con inusual quorum de 122 diputados la aprobación de reformas al Código Penal, tendientes a facilitar la aceptación de cargos por parte de personas señaladas, que pueden llegar a recibir una reducción de hasta la mitad de la pena prevista por la ley, lo cual beneficiaría directamente a muchos acusados en casos de corrupción, excepto a aquellos que enfrentan varios procesos o que sean reincidentes.

En todo caso, quienes se acojan a estos cambios cuando entren en vigencia, serán delincuentes confesos, con antecedentes penales registrados y cuyos nombres quedarán así para la historia. Cabe destacar que una aceptación de cargos no debe equipararse con una exculpación automática o una salida conveniente puesto que tal decisión legal de una persona señalada implica el cumplimiento de una sentencia, la imposición de una reparación digna para el Estado. Así también se aprobó la creación de un Instituto de Atención a la Víctima, cuyo titular se designará a dedo.

Las reservas sobre las verdaderas motivaciones para aprobar estos cambios radican, sobre todo, en los evidentes conflictos de interés que poseen varios diputados señalados en casos de tráfico de influencias, plazas fantasma y otros negocios opacos, por lo cual se ventilan procesos de retiro de inmunidad en su contra. Lamentablemente, las modificaciones vuelven a ser un parche y no una transformación integral del sistema de justicia guatemalteco, de lo cual es clara muestra el atraso en la elección de magistrados.

Cabe mencionar que existen aspirantes a la CSJ y Salas de Apelaciones que tienen vínculos directos o indirectos con ciertos congresistas y bancadas de la presente legislatura. La suspensión del proceso de postulación es un inconveniente para la continuidad y entraña incluso dudas de orden constitucional; sin embargo, tal selección de autoridades judiciales a manos del oficialismo saliente constituye un riesgo.

Cabe esperar que el Consejo de la Carrera Judicial asuma por fin su responsabilidad legal y ética para ejercer una evaluación técnica, objetiva y seria de los méritos o señalamientos de los aspirantes. Los magistrados actuales también tienen parte de responsabilidad en este embrollo, debido a que rechazaron repetidamente el reglamento de evaluación, no por rigor académico, sino para preservar una de sus atribuciones más preciadas: premiar o castigar a conveniencia.

La institucionalidad del país se encuentra a prueba debido a estos juegos de poder. Debe prevalecer el sentido común: los parches legalistas a la larga complican el laberinto jurídico. La discusión de cambios para fortalecer la justicia debe ser integral, profesional, apolítica y centrada en valores, no en conveniencias sectarias.