Nadie puede ni debe actuar por encima de la ley en nombre de finalidades aparentemente patrióticas, dudosamente humanistas o supuestamente institucionales. Para todo el aparato estatal existen ordenamientos jurídicos de cuentadancia que deben ser cumplidos y también mejorados, a fin de aumentar los índices de transparencia, en conjunto con los entes que auditan los recursos y los que administran justicia. Así también, todas las entidades privadas, incluyendo a los medios de comunicación, funcionan dentro de un conjunto de normas comerciales, obligaciones tributarias y registro de personería jurídica que conlleva el cumplimiento de marcos legales.

Queda claro que toda organización de acción pública e incidencia en el devenir nacional, incluyendo cualquier ONG, debe presentar cuentas claras sobre el origen de su financiamiento, comenzando por los propios partidos políticos representados en el Congreso, a fin de que la población conozca no solo su ideario y propaganda, sino también a sus patrocinadores, operadores e intereses. Es innegable que existen individuos que han medrado a la sombra de la acción política y que aprovechan su posición para injerir en asuntos clave como la elección de magistrados de cortes. Los partidos políticos y sus dirigentes deben entender que son los primeros llamados a confesar sus afinidades y medios de vida para tener un mínimo de autoridad moral sobre la cual basar sus iniciativas legales.

Por supuesto, esto no reduce un ápice la necesidad de que las entidades no gubernamentales se registren su misión, objetivos y acciones específicos. Urgen normas coherentes para requerir y actualizar datos de funcionamiento. Esto no entraña prejuicio, obstáculo ni entorpecimiento para desarrollar labores que el Estado simplemente es incapaz de suplir a causa de sus propias limitaciones presupuestarias y burocráticas, en áreas como la educación, la salud, el altruismo, control de probidad, análisis político, defensa de derechos, intercambio de ideas y difusión de valores coherentes con la tolerancia, el respeto y la equidad.

Tras el final del conflicto armado interno, hace ya casi un cuarto de siglo, Guatemala recibió apoyo de numerosos países amigos, ya sea a través del Estado o bien mediante fundaciones, institutos, programas y otras entidades de carácter no gubernamental; dentro del país también existen organizaciones empresariales, iniciativas filantrópicas, emprendimientos voluntarios y agrupaciones que se dedican a la ayuda humanitaria, al auxilio de la niñez o de los adultos mayores, promoción de emprendimiento, la defensa de mujeres víctimas de violencia u orientación de las familias, por mencionar algunas. Sin embargo, con todo y el más noble ideal que se enarbole, toda institución debe estar obligada a reportar ingresos y egresos, como una elemental muestra de transparencia.

Limbos legales han abierto espacios a partidos y comités cívicos que solo fueron fachada para saqueadores y alfiles del crimen organizado, pero también para el surgimiento de supuestas fundaciones, de uno u otro extremo, que enmascaran ataques a la institucionalidad, robo de recursos y agendas antidemocráticas. Es clave que la cultura de probidad se instaure sin sesgos, y por lo mismo es lamentable que se utilicen en el Congreso tácticas propias de timadores que terminan por desacreditar un fin plausible. A causa de una premura inepta, siembran inconstitucionalidades que podrían dejan muerta la norma antes de nacer.