Las cifras de accidentes son elocuentes, las muertes trágicas son irreparables, los daños a la propiedad pública y privada son reincidentes, los controles actuales son insuficientes y los siniestros protagonizados por unidades de transporte pesado o de pasajeros continúan prolongando una dantesca lista que a su vez representa una verdadera vergüenza para el Estado guatemalteco, puesto que muchos de esos sucesos se podrían prevenir o disuadir si existiera una certeza de las consecuencias legales que puede implicar la irresponsabilidad vial.

En los últimos tres años son más de dos mil los accidentes: un promedio de 13 semanales en carreteras y ciudades de todo el país. Entre las causas figuran el exceso de velocidad, la falta de control de peso de carga, jornadas extenuantes para pilotos, comportamiento vial imprudente, inexperiencia o incluso falta de licencia para conducir. Así también confluyen factores externos como mal estado de carreteras, clima, no dar mantenimiento a automotores, obstáculos sin señalizar, paso de semovientes o imprudencia de otros conductores.

Cabe reconocer que existe una estigmatización hacia los pilotos de carga que constituye una generalización injusta, puesto que existen conductores que son verdaderos profesionales de este oficio especializado. Sin embargo, también los hay temerarios e indolentes, que rebasan contra la vía o aceleran dispuestos a llevarse por delante lo que se atraviese. Allí entra el papel de las autoridades de Tránsito en cuanto a la imposición de sanciones, no solo a los vehículos, sino a las personas infractoras. Lamentablemente, la Ley de Tránsito tiene un rezago de décadas y figura entre las grandes deudas de varias legislaturas.

Por otra parte, el actual gobierno ha actuado con miedo ante la presión de ciertos grupos de transportistas: dio marcha atrás en la implementación de mecanismos de control de velocidad como medida para tratar de reducir la siniestralidad. Prórroga tras prórroga apañaron la impunidad vial. Cierto, colocar de un dispositivo regulador no es la única opción, pero no se ha discutido seriamente ninguna otra, como la creación de un registro nacional de pilotos profesionales, la implementación de un sistema de reducción de puntos de las licencias y la creación de espacios públicos seguros para el descanso de conductores.

Es innegable que el transporte terrestre es un sector vital para la economía nacional, por lo cual todas las compañías del gremio pueden unirse al esfuerzo de generar una normativa funcional pero firme, crear programas de educación y ética vial e impulsar la revalorización de esta ocupación. A final de cuentas no se trata de castigar prejuiciosamente a los camioneros o a los pilotos extraurbanos, sino de dignificar dicho oficio mediante una expresión de valores como la prudencia, la responsabilidad y el respeto a la vida, que no son solo obligación para ellos, sino para todo ciudadano que se siente ante un volante.

El lunes último, la salida de la capital por la cuesta de Villalobos quedó bloqueada durante horas, a causa de la colisión y volcadura de un tráiler que quedó atravesado. El congestionamiento vial resultante fue colosal y abarcó varios kilómetros de fila; el impacto sobre las vidas de miles de personas, totalmente ajenas al suceso, fue enorme y constituye una buena evidencia para afirmar que tiene lógica el cálculo de Q11 millones en pérdidas logísticas y costos adicionales privados y públicos por cada percance vial.