En una decisión irresponsable, a todas luces improvisada y que evidencia de nuevo recurrentes faltas de criterio profesional e institucional en el Tribunal Supremo Electoral, fueron colocados en situación de vulnerabilidad más de 63 mil guatemaltecos migrantes radicados en EE. UU., cuya lista de nombres se publicó en una convocatoria pública difundida por internet y redes sociales para llamarlos a “actualizar datos” de cara a una eventual participación en los comicios del próximo año y con el pretexto de hacerse idea de dónde instalar centros de votación en ese país.

La convocatoria a confirmar datos y la imprudente lista se publican por internet, pero se trata de una idea que más bien se corresponde con esquemas analógicos del siglo pasado. Ello evidencia falta de ideas y una carencia total de abordajes metodológicos y técnicos para implementar de mejor manera el voto de guatemaltecos en el extranjero, pese a que era un tema sabido y obligado desde que los actuales magistrados asumieron a toda prisa, en abril de 2020, empujados por la mayoría oficialista del Congreso, entre cuyas aún facciones pueden sospecharse afinidades e incluso adeudos políticos que se confirmarán o desecharán solo con las acciones correctas.

Al listado de marras ya no se puede acceder, debido a los reclamos de grupos de migrantes guatemaltecos. La sola acción de removerlo confirma la validez de la recriminación de falta de cuidado del pleno del TSE que autorizó dicha publicación de identidades y localizaciones. Una funcionaria del Registro de Ciudadanos trató de justificar la medida al aducir que no había “datos sensibles”, como si 63 mil nombres y apellidos completos no lo fueran.

No debería ser necesario recordar a los magistrados titulares y suplentes, incluyendo a los que son exfuncionarios, excandidatos o exmagistrados, que una inmensa mayoría de guatemaltecos en EE. UU. no goza de una situación migratoria regularizada, ni siquiera de un Estatus de Protección Temporal, y por lo tanto pueden ser objeto de deportación, por lo cual la lista insensatamente publicada podría colocarlos en una vulnerabilidad adicional. Aún así, se registraron antes de 2019 para eventualmente participar en la elección de autoridades en el país del cual se vieron obligados a salir por la penuria económica, la falta de oportunidades y la inseguridad. Que el TSE suelte así como así los datos debería ameritar cuando menos una declaratoria de disculpa pública e incluso más de una destitución.

La falta de voluntad para discutir a tiempo reformas integrales de la Ley Electoral, la lentitud para atender las objeciones en contra de varias modificaciones de 2016, la parsimonia en la cancelación de partidos con graves infracciones desde 2015 o las intentonas de cambiar la metodología que, pese a todo, le ha dado credibilidad a los comicios son algunos de los síntomas de poca idoneidad de algunos integrantes del TSE, comenzando por quienes se postularon presumiendo grados académicos que no poseen, con todo y denuncia en el Ministerio Público, que tampoco ha movido un solo dedo de oficio.

El TSE debe ocuparse de garantizar la seguridad de los comicios y promover la participación. Falta empadronar a un millón de guatemaltecos en el país para llegar a la meta establecida, mientras en EE. UU. solo se han registrado 15 mil connacionales desde 2019. Es obvia la poca efectividad de los Q1.8 millones en múltiples viajes a varios estados de esa nación efectuados por magistrados desde 2021.