El Tribunal Supremo Electoral y especialmente su presidenta, la magistrada Irma Palencia, cometerían una necedad de proporciones bíblicas si continúan empecinándose en adquirir para los comicios de 2023 un sistema digital totalmente inusitado en el país para la identificación biométrica de votantes, para el registro de datos, transmisión de resultados y digitación a distancia: procesos que alterarían de forma irreparable la metodología que ha funcionado desde hace 38 años. Con todo y sus defectos, el sistema de actas impresas funciona y es confiable, gracias a que está blindado por el civismo de las juntas ciudadanas receptoras de votos, las cuales quedarían desplazadas y sin control sobre los datos.

El TSE no debería hacerse el sordo y mucho menos el desentendido ante el vehemente llamado de varias y muy serias organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, empresarios y ciudadanos que le recomiendan detener la adquisición de tal sistema. Para más agravante, hay solo un oferente, debido a la premura y al secretismo con el cual se manejó la convocatoria de licitación. En una entrevista en septiembre, la presidenta del TSE afirmó que la adquisición se aprobó desde 2021; sin embargo, una decisión así precisa de diálogo ciudadano. Dijo que se basaron en la “observación” en otros países, pero obviamente no conocían todas las vulnerabilidades. Y si fue a sabiendas, peor.

El TSE puede ahorrar mucho dinero de los contribuyentes al desistir de este despropósito, cuyo costo supera el presupuesto inicialmente estimado, en un país plagado de necesidades. Pero, sobre todo, puede ahorrarse graves problemas derivados de la desconfianza generalizada y la vindicta pública que se acarrearía con una operación plagada de agujeros legales y logísticos.

Entre mayores defectos e incertidumbres que este sistema presenta está el origen de la base de datos biométricos por utilizar, que prácticamente dejaría de lado el DPI como constancia de identificación. Desaparecerían los padrones físicos de las mesas electorales, que en un país de tantos contrastes sirve como evidencia tangible de la participación de los votantes. Otra de las grandes vulnerabilidades del proceso está en el proceso de digitación de datos propuesto. Actualmente se hace en centros de votación. Las juntas receptoras de votos y las juntas electorales municipales, integradas por ciudadanos, constituyen hasta ahora la mejor cadena de custodia de los resultados, desde el conteo de cada mesa, cada centro, cada municipio y departamento. En el “sistema” planteado se enviarían las actas, pero la digitación se haría en un centro de cómputo, sin supervisión de las juntas. Ello solo incrementa el riesgo de errores o manipulaciones indeseables.

Por si fuera poco, tal sistema no se puede probar sino hasta las elecciones. Cualquier “simulacro” no tendría la dimensión ni la complejidad ni la premura ni la importancia capital del evento electoral. Si el TSE no escucha a la ciudadanía, quiere decir que no escucha a nadie y pierde toda credibilidad. Si no atiende los llamados de académicos, politólogos, investigadores y exmagistrados, solo queda suponer que se presta a otros intereses.

Señora presidenta del TSE, ahórrese las justificaciones a priori. Quizá se necesita modernizar procesos, pero no con tanta prisa, tanto secretismo y tantos peligros. Si la están presionando, debe denunciarlo y la ciudadanía la acuerpará. Pero si existe otro tipo de compromiso inconfesable, entonces estamos hablando de un atentado contra la democracia que juró ante Dios proteger.