El Tribunal Supremo Electoral está en un punto álgido y aunque es evidente que su actuar se ha enmarcado dentro de cierta displicencia y silencio cómplice, el cierre de año le da una postrera oportunidad para demostrar fidelidad a la ciudadanía y asumir por fin su papel rector y corrector del sistema político nacional, mediante acciones firmes, estrictas y apegadas al espíritu de la ley, o mantener el paso de comparsa deseado por los patrocinadores legislativos que eligieron a cada uno de sus actuales integrantes, en una jugada que a todas luces buscaba copar la única institución capaz de poner fin a entidades políticas viciadas.

Los actuales magistrados fueron electos con sospechosa celeridad por el pacto oficialista, un contubernio que a la fecha solo ha ocasionado decepciones y dificultades a los guatemaltecos. Sobre varios de los actuales integrantes del TSE, incluyendo a un exministro del anterior gobierno y dos exmagistrados de Justicia, pesa la presunción de ser afines a figuras u organizaciones políticas, una sombra que se acrecentó cuando decidieron frenar los procesos de cancelación de seis organizaciones políticas que infringieron la ley electoral y cuya única sanción digna posible es la supresión, a fin de sentar precedentes ejemplares.

El actual TSE fijó un plazo que finalizaba el 30 de noviembre para que los partidos aportaran pruebas de descargo, las cuales debían ser contundentes e irrefutables, como única forma de detener la cancelación. El anterior partido oficial FCN-Nación y la Unión del Cambio Nacional están entre los señalados y ojalá el hecho de figura de los alfiles del oficialismo legislativo no sea la razón de la parsimonia. También están bajo proceso el Partido de Avanzada Nacional, la Unidad Nacional de la Esperanza, Visión con Valores y Compromiso, Renovación y Orden.

La decisión del TSE es crítica para el futuro político y legislativo del país, puesto que de llegar a cancelarse tales agrupaciones debería darse una recomposición de fuerzas en el Congreso. Todos aquellos diputados sin partido político no podrían continuar al frente de comisiones o cargos directivos. Allí radica precisamente el desafío que tienen los integrantes del TSE: deben apartarse de cualquier posible condicionamiento o compromiso previo y lanzarse a ejercer su cargo con independencia.

La firmeza en la aplicación de la ley es necesaria debido a que ya comienzan a agitarse aguas preelectorales, a todas luces anticipadas. Son evidentes la voracidad y el afán protagónico de ciertas figuras con aspiraciones megalomaníacas y si el TSE no les pone coto, la situación se le escapará de las manos. La campaña anticipada de varios personajes no solo es una muestra de irrespeto a la ciudadanía, sino un franco desafío a las autoridades electorales.

Por otra parte, el TSE tiene pendiente la propuesta final de la segunda generación de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que en manera alguna deben convertirse en parches anodinos o en factores para consentir, disfrazar o facilitar más tropelías en el financiamiento de partidos. La amenaza del dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado se encuentra hoy más presente que nunca, tal como lo señala el más reciente informe del Congreso de EE.UU. sobre guerra contra las drogas. No hay tiempo para conflictos de interés o de identificación política: los magistrados deben cortar cualquier lazo con patrocinadores pretéritos y asumir su compromiso con la historia del país.