En lugar de sentar precedentes para evitar que fluyan fondos ilícitos a los partidos políticos y así impedir que persistan o transmuten organizaciones cuyos fundadores purgan prisión en EE. UU. por delitos confesos, y para tomar distancia respecto de la alianza oficialista que los eligió, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral parecen más interesados en agradar a quienes los colocaron en esos cargos en los albores de la pandemia en el país.

El TSE anunció y a la vez ocultó la entrega al Congreso de una iniciativa con nuevas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. No se divulgó a la ciudadanía el pliego de modificaciones contenido en la propuesta de marras. Ya el miércoles último se podía percibir oficiosidad en el Congreso para incluir en la agenda un punto para revertir las sanciones vigentes contra el transfuguismo, un tema que únicamente conviene a los diputados de partidos suprimidos o que están al borde de la eliminación por delitos electorales.

Resulta extraño también que la autoridad electoral continúe prolongando la existencia de organizaciones electorales sentenciadas a desaparecer, que ya agotaron el período de entrega de supuestos descargos, los cuales llegaron de forma tardía o simplemente nunca llegaron, pero que también formaron parte de los apoyos a la elección de los actuales magistrados, entre quienes se cuentan personas ligadas al anterior partido de gobierno, también en proceso de desaparición.

Es necesario advertir a los magistrados del TSE de que juegan con fuego al intentar validar lo que la ciudadanía ha repudiado en repetidas ocasiones, tanto en las calles como en las mismas urnas. El clientelismo nunca termina bien para nadie, y la prueba de ello es la hilera de organizaciones políticas ya desaparecidas por desmanes legislativos, casos de corrupción y financiamiento opaco.

La democracia guatemalteca se debe resguardar y fortalecer mediante una mayor exigencia de probidad y no con la relajación de requisitos. El sistema político guatemalteco se debe depurar a través de la aplicación rigurosa de la Ley Electoral y no apañando aparentes descuidos que en realidad son deliberados intentos por justificar las maniobras de cacicazgos caducos.

A su vez, en el Congreso de la República, la llamada oposición debe comenzar a exigir desde ya el borrador entregado por el TSE, para hacerlo público y propiciar la discusión abierta, intersectorial, con altura académica y el más alto interés puesto en la mejora de la representatividad, cuentadancia y cumplimento de las funciones que hasta ahora los partidos políticos solo desempeñan de manera oportunista.

Si las prohibiciones para los tránsfugas afectan a diputados actuales, se debe cumplir con lo establecido en la Ley: no pueden presidir comisiones ni ocupar cargos directivos. Si para algunas situaciones existen congresistas afines al oficialismo que vociferan la positividad legal como un imperativo ineludible, deben mantener su exigencia sobre las bancadas que se quedan sin organización política a causa de sus propios errores en procesos previos. La Ley Electoral precisa de más cambios, pero estos no pueden ni deben ser trastocados por grupos que tienen conflicto de interés con la norma vigente y que, por supuesto, actuarán en procura de manipular artículos que afectan su posibilidad de tráfico de favores legislativos.