Faltan 23 días para las elecciones, pero faltarán 19 cuando el Tribunal Supremo Electoral se reúna, el próximo martes, según lo anunciado, para abordar más de 100 impugnaciones contra candidatos, por señalamientos de corrupción, transfuguismo, anomalías de inscripción, finiquitos expedidos en condiciones dudosas y otras posibles irregularidades, una tarea que ha sido pospuesta varias veces por plazos judiciales, averiguaciones y entrega de documentación pendiente, pero también debido a cierta afinidad identificada de algunos magistrados, no todos afortunadamente, con determinados grupos políticos que han imposibilitado plenos necesarios para tales deliberaciones.

Tal situación no constituye todavía un obstáculo insalvable, puesto que en todo grupo colegiado hay espacio para el disenso y la discusión, pero aún en caso de conflicto de interés, toda persona tiene la oportunidad de corregir éticamente su proceder si lo hace a tiempo. Lo más importante es proteger la institucionalidad del ente público rector del proceso, el cual, pese al desgaste de credibilidad de otros estamentos del Estado, mantiene cierto nivel de confianza de los ciudadanos, hastiados de los dobles discursos, de los fingimientos politiqueros y de las güizachadas para validar evidentes deshonestidades.

El proceso electoral que se vive en Guatemala resulta inédito a causa de restricciones a la propaganda establecidas, con clara dedicatoria, por las reformas aprobadas en 2016, pero también por los fallos que dejaron fuera a otras aspirantes punteras y la subsistente proliferación de presidenciables. Pero quizá el factor más determinante será el espíritu crítico de los votantes, atizado por el comportamiento de la actual legislatura, su improductividad, sus pactos de impunidad y su camarilla de tránsfugas. Así también hay casos como el de un diputado que cumplió condena por narcotráfico y que figura en el índice de corrupción de Estados Unidos pero que continúa figurando en una casilla distrital.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han sido en todos los anteriores procesos, y siguen siendo en el presente, el gran filtro institucional previo a la cita con las urnas, el último bastión de la dignidad del voto, lo cual no se limita a la jornada de sufragio, sino a todas las etapas previas, de calificación e inscripción de aspirantes. No es poca responsabilidad, ni fácil, pero sí indelegable e irrenunciable, por lo cual llega el momento de prescindir de cualquier simpatía y colocarse en equidistancia de todas las organizaciones políticas participantes. La ley los faculta para actuar con drasticidad en nombre del pueblo y la historia de Guatemala.

Las elecciones del 16 de junio constituyen la esperada posibilidad concreta de depuración y renovación del escenario político, pero las mismas arrancan por listados de personas idóneas, honorables, libres de cargos y de señalamientos: una tarea que solo la máxima autoridad electoral puede desempeñar. Los actuales magistrados están en el segundo y último proceso de su mandato, pero no debería pesar en ellos ningún miedo a revanchas políticas por parte de bancadas actuales o futuras, mucho menos cualquier tipo de aspiración profesional ulterior, porque lo que se encuentra en juego en este momento es el futuro inmediato de la democracia. La ciudadanía confía en la institucionalidad del TSE y es por ello que las invectivas de ciertas figuras públicas no han calado. Esa confianza merece acciones coherentes en el marco de la ley.