Penosa, por no decir irrespetuosa hacia el pueblo de Guatemala, es la postura asumida por el director del Registro de Ciudadanos, Ramiro José Muñoz Jordán, al negarse a brindar la información sobre la lista de infractores electorales y el estado de pago de multas emitidas por contravenir normas vigentes referidas a publicidad política. Es urgente que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) le enmienden la plana al registrador y, de no hacerlo, estarán dando a entender una posible postura opaca, secretista y al servicio de la politiquería que tanto daño ha hecho a la democracia.

Una nómina de políticos fue sancionada con multas de diversos montos por incumplir las normas de publicidad, campaña anticipada o prácticas ventajosas sobre otros contendientes. En el año preelectoral, como parte del servicio informativo a los lectores se inquirió al Registro de Ciudadanos sobre el pago de dichas penalidades, debido a que ciertos precandidatos afirman haber cancelado el adeudo o incluso haber sido exculpados por vías judiciales. Sin embargo, Muñoz Jordán bloquea la presentación del informe con excusas judiciales.

El TSE, por su trayectoria histórica e institucional, no debe apañar una arbitraria denegación de datos públicos con pretextos leguleyos, pues existen antecedentes de entrega de reportes detallados. Por otra parte, los sancionados no pueden argumentar una supuesta privacidad en este tema, porque los candidatos se postulan voluntariamente a cargos de elección, con el aval de organizaciones políticas que son entes de Derecho público. No entender esto es estulticia o perversidad, pues la ciudadanía necesita tener referencias del devenir político, así como del talante ético y situación legal de toda aquella persona que clama ser electa por voto popular.

El espíritu de la Ley Electoral y de Partidos Políticos apunta a potenciar la cuentadancia a fin de evitar conflictos de interés, tráficos de favores, penetración de dinero ilícito y propiciar una conducta civilizada de todo participante en este entorno. Es así como establece que desde el secretario general de un partido hasta los municipales “quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral”. Y lo mismo aplica a cada ciudadano que pide, clama, solicita y ruega votos.

Prosigue la norma señalando la responsabilidad personal del cumplimiento de los fines establecidos en la ley, que son garantizar la integridad de los procesos eleccionarios y “velar por el interés general de los ciudadanos”. No dice velar por el interés de los partidos ni por la imagen de los presidenciables. Cualquier interpretación que bloquee la información pública contraviene el objetivo último de dicha legislación. Ni siquiera la presión de bancadas o los pactos o acuerdos acomodaticios, porque la ley dice: “No prevalecen los pactos o acuerdos entre las partes, sino que las normas son imperativas”.

El mismo TSE ha llamado en repetidas ocasiones a la ciudadanía a que presente denuncias acerca de posibles ilícitos de campaña anticipada, politización de obras, compra de votos o uso de fondos con sospecha de ilícitos. Esto es prueba de la vocación pública de sus actos. No se trata de un servicio de trámites a la partidocracia, mucho menos de una cámara de secretos incómodos. Ya de por sí la actual magistratura carga con la sombra de haber sido elegida para conveniencia de un pacto legislativo y de haber postergado cancelaciones. ¿Por qué se va a desgastar, solo por ocultar a unos multados que no pagan?