Cuando se alebrestan las intolerancias gubernamentales también se comienzan a esgrimir argumentos de “soberanía” para acallar los reclamos de violaciones al estado de Derecho y la constitucionalidad formulados por países amigos, donantes y organizaciones internacionales cooperantes. En efecto, una de las medidas de coherencia de las acciones de cualquier gobierno es su capacidad de responder a los ofrecimientos efectuados, de respetar el espíritu auténtico de las leyes y saber corregir el rumbo cuando este atropella o amenaza con atropellar las garantías mismas que le dan legitimidad y que llevaron a los cargos temporales que se ostentan.

Cuando están en campaña, candidatos y partidos ofrecen entre sus “planes de gobierno” facilitar, atraer y ampliar la inversión extranjera como una de las propuestas reiteradas para generar empleos. En efecto, es una vía que no puede quedar fuera de un proyecto nacional, sobre todo en un contexto de globalización. Esto implica a su vez el cumplimiento y diligencia para acatar regulaciones internacionales en materia mercantil, industrial, laboral y también de respeto a la democracia.

Por eso mismo constituye una total necedad —pero también una revelación de oscuros propósitos— responder de manera zafia a los cuestionamientos civilizados acerca de abusos de poder, síntomas de despotismo y claros intentos de socavar un proceso democrático. Así responden regímenes totalitarios como el de Venezuela o el de Nicaragua, en donde la farsa ya es tragedia. Lo preocupante es escuchar el mismo tono de declaraciones del canciller guatemalteco, Mario Búcaro, en la Organización de Estados Americanos, al tratarse las acciones del Ministerio Público, jueces y oficialismo.

Para hoy está prevista la primera reunión de transición entre el presidente saliente, Alejandro Giammattei Falla, y el presidente electo, Bernardo Arévalo, cuyo partido fue suspendido el 29 de agosto por el registrador de ciudadanos bajo presión del Ministerio Público y del juez Fredy Orellana, pese a que la Ley Electoral, de rango constitucional, prohíbe la suspensión o cancelación de una agrupación política durante el proceso electoral. Por eso, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral le enmendó la plana al registrador ayer y dejó sin efecto la inviable medida, que incluso la directiva del Congreso, usualmente lerda en su trabajo, utilizó como pretexto para desconocer a dicha bancada.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue investido de poderes especiales por esa entidad para brindar observación y seguimiento a la transición en el Ejecutivo y el Legislativo. Las autoridades guatemaltecas y los partidos representados en el Congreso, así como aquellos que obtuvieron escaños para la siguiente legislatura, deben comportarse con cordura y decoro en sus acciones, lo cual abarca sus posturas respecto de los reiterados llamados de la comunidad internacional en apoyo de la ciudadanía, empresarios, universidades, institutos de investigación, iglesias y profesionales que demandan respeto a la voluntad popular.

Cualquier ardid leguleyo que implique un golpe a la institucionalidad es inaceptable y es constitutivo de delito, pero, además, desmentiría previos discursos, oficiales o de campaña, respecto de la certeza jurídica y la estabilidad institucional como factores de confianza para la inversión. A todo funcionario cuya cerrazón atente contra la democracia se le deben exigir cuentas, porque ningún cargo público tiene potestades omnímodas.