La reciente llegada del enésimo enviado de EE. UU. a Guatemala, el director ejecutivo adjunto interino de la agencia migratoria y de la división de deportaciones, Timothy Robbins, fue bastante elocuente porque viajó en el mismo vuelo que trasladó a 120 guatemaltecos retornados. Los connacionales, entre quienes había familias completas, caminaban por la pista del aeropuerto La Aurora mientras el funcionario ofrecía declaraciones sobre la agilización del proceso y el aumento de deportaciones. Fue un mensaje claro de la administración de Trump sobre la importancia clave que le da a este tema como promesa de campaña y como pieza clave para sus aspiraciones de reelección, por lo cual la presión por el acuerdo migratorio de Tercer País Seguro pende sobre Guatemala como la espada de Damocles.

Grupos empresariales y productivos del país viven con preocupación las amenazas del presidente estadounidense, proferidas antes de la primera firma del convenio, el 26 de julio, el cual se encuentra sujeto a una eventual aprobación en el Congreso de la República. El gobierno de Jimmy Morales busca a toda costa eludir el paso
legislativo para agilizar la implementación del acuerdo, con el pretexto de evitar sanciones a exportaciones y gravámenes a las remesas, lo que tendría un millonario impacto para el país. No obstante, el vicepresidente y ministros insisten en negar que el convenio se haya signado bajo presión alguna.

Resulta llamativo también que a pocos días de cumplirse un mes de que el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmara el compromiso de convenio en nombre del Estado, no se conozcan aún todos los detalles que este conlleva. Funcionarios de Estados Unidos muestran extrañeza ante tal secretismo y afirman que el gobierno guatemalteco ya debía haberlos divulgado. Sería imprudente especular sobre las verdaderas razones de mantener oculto un pacto que involucra a toda la Nación, pero es oportuno declarar que el actual mandatario y sus funcionarios allegados podrían estar rayando en hechos constitutivos de delito si actúan así por dolo o conflictos de interés. Tarde o temprano esto trascenderá.

De hecho, el presidente electo, Alejandro Giammattei, ha sostenido varias reuniones en Estados Unidos, incluyendo una con el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, para presentar algunas propuestas y posibilidades de apertura a productos guatemaltecos como parte del plan, pero dejó entrever que el gobierno de Jimmy Morales aún no los ha involucrado, ni siquiera como observadores, en una negociación que les impacta directamente, pues heredarán sus efectos, pese a que lo anunció la semana recién pasada.

Fuera de los ofrecimientos de visas de trabajo temporal en agricultura, no se sabe más sobre lo que Guatemala recibiría a cambio de acoger en su territorio a refugiados bateados por EE. UU. Supuestamente se trataría solo de salvadoreños y hondureños, pero a la fecha se desconoce si esto figura en alguna cláusula por escrito. Tal ambigüedad no es extraña para este gobierno, que desarrolló tantos juegos de conveniencia y cabildeos ocultos, pero al encontrarse a 145 días de su final deberían mostrar la debida consideración a sus sucesores, la necesaria atención al voto de rechazo a su gestión y un mínimo de respeto a la institucionalidad y soberanía nacional que tanto presumieron defender. Es posible que urja que el convenio entre en vigor, pero urge más conocer todo su contenido.