La declaratoria del secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, acerca de proscribir la entrada o estadía en dicha nación del exdiputado, exministro de Comunicaciones y exprecandidato presidencial del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, prófugo de la justicia guatemalteca desde 2016, levantó suposiciones acerca del paradero de este, de las razones para hacer ese anuncio tan severo y de los oídos adicionales a los cuales se dirige esta proclama con la cual el gobierno de Trump enfatiza la consigna contra la corrupción que constituye la principal barrera para el desarrollo de la región y, por lo tanto, detonante de la migración hacia el Norte.

Sinibaldi no solo fue el delfín patriotista, sino el gran negociador, junto con el expresidenciable Manuel Baldizón, del reparto de magistraturas de la actual Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones. Alrededor del precandidato presidencial oficialista de 2015 giraba buena parte de la prospectiva de grupúsculos políticos y roscas preponderantes del momento que se disgregaron. El escándalo de defraudación aduanera de La Línea trastocó los planes y obligó a Sinibaldi, en abril de 2015, a tomar distancia del partido que había anunciado su posible candidatura, con ilícita anticipación, el 21 de septiembre de 2014, durante una concentración con aires triunfantes en la Plaza de la Constitución. La entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, lo colmó de elogios y Sinibaldi alzó los brazos en aquel mitin. Lejos de la imaginación quedaba que un año después después se produciría en aquel mismo lugar la mayor manifestación de protesta pacífica, espontánea, apolítica y no religiosa de la historia reciente de Guatemala, en un reclamo anticorrupción que conduciría a la salida del poder del presidente Otto Pérez Molina.

Van 3 años, 5 meses y 21 días desde que se giró orden de captura contra Sinibaldi por el primero de cuatro señalamientos de presuntos delitos, entre ellos cobro de sobornos para agilizar pagos a contratistas, colectas ilegales para hacer obsequios al presidente Pérez o las turbias negociaciones con la defenestrada constructora brasileña Odebrecht.

En 2017, Sinibaldi fustigó por Twitter a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la señaló de violar su derecho a la presunción de inocencia. Este reclamo coincide con el de otro prófugo, Allan Marroquín, exinterventor de la Portuaria Quetzal, quien lo dijo hace una semana, por videoconferencia, ante la comisión, bautizada “de la Verdad”, integrada por orden de la presidencia del Congreso para examinar las acciones de la Cicig y denunciar abusos. Durante tal alocución no se reveló la ubicación de Marroquín y no se aclaró si los diputados la conocían, puesto que en caso de ser así podrían haber caído en alguna tipificación de encubrimiento, ya que es conocida la orden de aprehensión vigente contra Marroquín por el caso TCQ.

Sinibaldi se suma a la lista de 27 guatemaltecos señalados de corrupción que EE. UU. divulgó en abril. Pero los términos usados por Pompeo son inusitadamente fuertes: “No vamos a permitir que aquellos que se beneficiaron de la corrupción permanezcan entre nuestras costas. Hoy el Departamento de Estado señala al exministro guatemalteco y fugitivo de la justicia Alejandro Sinibaldi y su familia. Mantenemos nuestro compromiso de combatir la corrupción en Guatemala y globalmente”. Se trata, sin duda, de una advertencia abierta que no se debe tomar a la ligera, puesto que en buen chapín podría equipararse con aquel dicho popular: “Se lo dicen a Juan para que lo oiga Pedro”.