Resultan sintomáticas las protestas de supuestos exintegrantes del Ejército o de las extintas Patrullas de Defensa Civil (PAC) en momentos coyunturales, para exigir un pago, cada vez más voluminoso, a cambio de no promover dañinos bloqueos e incluso esta vez poniendo como rehenes a los próximos comicios. Podría tratarse de un intento de abrir alguna oportunidad electoral para determinados candidatos o quizá se trate de hordas azuzadas con el único fin de generar distracción sobre asuntos graves que golpean al oficialismo y a sus allegados.

El 18 de junio de 2003, después de varios meses de exigencias y amenazas de acciones violentas, miles de ex-PAC bloquearon carreteras de Petén, el Aeropuerto Internacional Santa Elena y también los accesos a las instalaciones de una empresa petrolera, como medida de presión para que el Gobierno le pagara Q20 mil a cada uno por los servicios prestados durante el conflicto armado. En aquel momento gobernaba Alfonso Portillo y el eferregismo, en su afán de congraciarse con aquel potencial voto, destinó millones de quetzales para aquel pago, del cual nunca hubo cuentadancia.

El FRG perdió las elecciones, aunque quien salió ganando fue la lideresa de aquel movimiento de expatrulleros, que fue electa diputada por Petén. En la siguiente administración, de Óscar Berger, nuevamente hubo manifestaciones, bloqueos y amenazas. El Gobierno cedió a la presión, sin duda contemplando la idea de tener un voto duro para las siguientes elecciones. Se creó un millonario programa de reforestación que sería ejecutado por los excombatientes y por el cual se les entregarían varios pagos, los cuales se vieron interrumpidos por factores legales y de presupuesto. La politiquería y el clientelismo se encargaron de mantener latente el tema. En diciembre de 2012, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti entregó a representantes de ex-PAC Q2 millones 543 mil como último pago del programa Bosques para la Concordia. No obstante el Gobierno se comprometió a más desembolsos en 2013 y 2014, sin duda como una estrategia de fidelización clientelar.

En enero último hubo una protesta de supuestos excombatientes que reclamaban precisamente Q85 mil y viviendas al gobierno de Jimmy Morales. Entonces se produjo un extraño choque: representantes de la Asociación de Veteranos Militares, claros allegados al gobierno del FCN-Nación, les increpaban a los manifestantes que aquella no era la forma de exigir sus derechos. El movimiento no protagonizó más manifestaciones hasta que reapareció, hace dos semanas, en una caminata que culminó en el Congreso, en donde los delegados fueron recibidos por diputados afines al oficialismo.

Es claro que los grupos que enarbolan estas demandas reaparecen en momentos críticos, por casualidad o por causalidad ignorada. Cabe resaltar que si bien existe una precariedad económica para ellos, también existe para miles de familias civiles en todo el país, a causa de las deficiencias de sucesivas gestiones gubernamentales a las que no les ha interesado promover un plan de desarrollo humano sostenido, pues optaron por mantener la necesidad, terreno fértil para el clientelismo electorero. Lo preocupante es que así como subió la apuesta económica a Q85 mil, también subió la amenaza velada, al señalar uno de los líderes que en el Ejército aprendieron a “fabricar bombas” y que podrían bloquear las elecciones, y todo ante una pasividad gubernamental que contrasta con los cercos policiales y militares instalados, prácticamente para nada, el 15 de septiembre de 2018, en la plaza central, y el 14 de enero último, en el Congreso.