Una magistratura de justicia representa o debería representar el mayor estándar de integridad. Quienes la desempeñan han recibido una delegación del poder emanado de la soberanía del Pueblo al cual sirven o deberían servir. Es por eso mismo que la presunción de rectitud, honestidad y decencia asiste a toda persona, incluyendo a quienes ocupan esos cargos, pero esto mismo redobla la exigencia de excelencia legal y ética. Cuando se descubren indicios creíbles, documentados e incluso interrelacionados sobre la posible comisión de un delito, es necesario profundizar la investigación para desechar el señalamiento, si es el caso.

El antejuicio es una figura legal que procura, precisamente, ahondar pesquisas sin vulnerar el cargo. Quien nada debe, nada teme. Por tanto, resulta sospechosa la repetitiva y oficiosa protección mutua entre magistrados y diputados, debido a que es el Organismo Judicial el que decide sobre este fuero especial para integrantes del Organismo Legislativo, y viceversa.

La nueva petición de antejuicios planteada por el Ministerio Público para poder investigar a 10 magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia es una prueba de fuego para el sistema jurídico guatemalteco. Dos de esos magistrados ocupan ahora otros cargos: uno, hace un año, para ser magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral —designado por el Congreso—, y el otro para integrarse como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad —electo por el Colegio de Abogados pero juramentado por el Legislativo pese a recursos legales pendientes—.

Estos 10 integrantes y exintegrantes de la CSJ, electos por el contubernio de los extintos partidos Líder y Patriota y que superan ya el año y medio de excedencia en funciones, están señalados de negociar la elección de sus sucesores —o su reelección— y de titulares de salas de Apelaciones, en el caso denominado Comisiones Paralelas. El cuadro es grave porque entraña negociaciones ilícitas con operadores políticos, entre ellos el empresario Gustavo Alejos, y facciones del actual Congreso de la República que se disponían a elegir, precisamente a partir de listados acordados en tan turbias circunstancias. Un amparo de la Corte de Constitucionalidad ordenó que la votación fuera individual y de viva voz para poder verificar afinidades y evitar la repetición de la componenda de Líder y Patriota en el 2014, solo que esta vez pactada entre otros grupos interesados.

El Congreso, en el cual hay partidos que ya deberían estar extintos, ha plantado resistencia pasiva a la elección y la ha demorado con toda clase de pretextos futiles: interpelaciones anodinas, puntos resolutivos irrelevantes, aprobación de reformas chapuceras y otras trivialidades dolosas. El círculo vicioso es evidente y el conflicto de interés, innegable, una situación desafiante para el ordenamiento legal, el principio de igualdad ante la ley y la necesidad de impartición de justicia para crear certeza jurídica.

El clamor unánime de todos los sectores ciudadanos y productivos apunta a que se permita esclarecer o descartar la participación ilícita de cualquier persona en la negociación de puestos en el sistema de justicia a cambio de favores ulteriores. La CSJ actual debe inhibirse de conocer la petición, por estar señalada casi en su totalidad; los magistrados de Sala deben actuar con independencia para designar pesquisidores imparciales que a la vez corroboren los indicios. Si en su momento el Congreso impide la investigación —que no es un veredicto de culpabilidad, sino un proceso de recolección de datos—, evidenciará una vez más los vicios de este círculo antinómico.