No faltarán corifeos de la impunidad que reclamen presunción de inocencia para quienes ulteriormente resulten vinculados con los Q122 millones, en efectivo y en monedas de diversas denominaciones, localizados en una casa desocupada de Antigua Guatemala. Por supuesto, existe tal derecho ante un juez. Sin embargo, por elemental lógica, no existe persona honrada, decente y trabajadora —descripción que corresponde a la inmensa mayoría de guatemaltecos— que pueda amasar tal botín y ocultarlo mañosamente en 22 maletas: una escena que ni el mejor director de arte de una serie de Netflix podría escenificar.

El hallazgo, divulgado el viernes último por el Ministerio Público, sorprendió por el monto localizado en tan prosaica situación. A la vez era una situación predecible, debido a las sospechas de la persistencia, si no es que proliferación, de estructuras de desfalco, fraude, sobrecosto, malversación, tráfico de favores, licitaciones amañadas o con dedicatoria, favoritismos, contubernios o cobro de comisiones ilícitas, bajo mecanismos de simulación, disimulación y disfraces de legalidad.

Se creen muy listos, muy astutos, muy sagaces los artífices de engaños, trucos y juegos de apariencias. Incluso se creen perspicaces al orquestar campañas de desgaste, desprestigio y ataque en contra de equipos de operadores de justicia que mantienen una lucha sin cuartel contra la corrupción y que lograron descubrir la madriguera de ratas en donde se ocultaba el multimillonario alijo. Tal monto podía comprar propiedades, gustos, placeres y hasta voluntades, pero que también, como dice el evangelio, son tesoros que se pudren, que carcome el gusano y devora la polilla.

El gobierno actual tiene la grave obligación de transparentar todos sus gastos, en tiempo real y sin requerimientos de acceso a la información. El presidente Giammattei prometió en mítines que no pasaría a la historia como uno más. Pesa sobre su administración el descontrol sobre el uso de donaciones, las dudas de precio y proveedor sobre las adquisiciones de pruebas para covid-19, la contratación de excesivas plazas de “asesoría” en el Ministerio de Cultura, y el opaco concurso para compras de galletas nutricionales que terminó por ser revocado a causa de múltiples denuncias. Se pueden atribuir tales entuertos a errores, a inexperiencia, urgencias o incluso a falta de capacidades. Pero se deben corregir de inmediato, con la correspondiente remoción de los responsables y el encausamiento judicial correspondiente.

En cuanto a los “dueños” del botín de Q122 millones enmaletados, solo cabe celebrar con inmenso gusto el sinsabor que pasaron al ver perdido, de golpe, tal monto. Cabe pensar que no es la única caleta existente. Los controles impuestos por EE. UU. contra el lavado de dinero representan un valladar infranqueable que obligó a almacenarlos así. En todo caso, quienes resulten responsables, según las pesquisas, deben rendir cuentas ante la justicia. En primer lugar, porque esos fajos de quetzales, dólares y euros no les pertenecen. Son del pueblo de Guatemala que sufraga los salarios de funcionarios a quienes se presume probos; son del comerciante, del empresario, de la madre de familia, del profesional honrado y del ciudadano de a pie que con sus impuestos financia proyectos destinados a posibilitar el desarrollo nacional y no el enriquecimiento ilícito de una camarilla de facinerosos: es la única presunción viable para quienes estén vinculados al almacenamiento de tanto dinero destinado al despilfarro.