La convocatoria efectuada por el Congreso de la República a integrar la comisión postuladora para la elección de fiscal general es uno de los procesos más relevantes para Guatemala en el 2022. Dicha instancia será dirigida por la presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados y Notarios, el presidente del tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios y los decanos de las 12 facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

Elegir funcionarios probos, competentes e idóneos es un desafío para todas las sociedades, pero es más relevante en países en los cuales las democracias son incipientes. Por ello, y en el inicio de un proceso que durará 123 días y que debe terminar cuando, el 17 de mayo, asuma el nuevo fiscal general, es necesario recordar que el primer considerando de la Ley de Comisiones de Postulación establece: “La Constitución Política de la República institucionalizó comisiones de postulación, a efecto de limitar la discrecionalidad de los organismos del Estado en cuanto al nombramiento subjetivo e idóneo de determinadas autoridades públicas que ejercen acciones esenciales dentro de la actividad estatal y de relevancia para la consolidación del régimen de legalidad, el fortalecimiento del estado de Derecho y la democracia participativa y representativa”.

Para nadie es un secreto que en el país los procesos de elección de fiscal general han estado envueltos en controversias, debido a las maniobras de grupos de poder que intentan controlar el sistema de justicia, buscan la politización del proceso de selección y se afanan por colocar a personas afines en uno de los cargos de más alto rango.

En un país en el cual cada día se libra una nueva batalla por erradicar la corrupción y frenar la violencia, entre otros flagelos que impiden el pleno desarrollo social y económico de los guatemaltecos, la elección de fiscal general es un aspecto prioritario y merece que los ciudadanos sean los primeros vigilantes de un proceso que en ninguna circunstancia debe tomar el camino al que el Congreso y los poderes fácticos llevaron la elección de jueces y magistrados del Organismo Judicial, designación que debió hacerse en el 2019 y que pone en riesgo al país de perder su sistema de pesos y contrapesos.

Por ello y por el bien de Guatemala, los integrantes de la comisión postuladora, que sin duda alguna serán presionados y hostigados por esos grupos, no deben olvidar que están cumpliendo un deber que, como indica la misma ley que los ampara, tiene como fin “fortalecer y consolidar al Estado y el proceso democrático de Guatemala”, garantizando “la designación de autoridades públicas idóneas, con la suficiente experiencia para cumplir los mandatos constitucionales, mediante procesos públicos y objetivos, con eficiencia, eficacia, probidad, representatividad y que tengan como base mecanismos y herramientas efectivas para su designación, a fin que el ordenamiento jurídico garantice eficazmente la tutela de los derechos fundamentales y el patrimonio de los guatemaltecos”.

La gran responsabilidad de los comisionados será entregarle al presidente Alejandro Giammattei una lista integrada por las personas que, en el marco de la ley, sean más aptas para dirigir el Ministerio Público. Luego será el mandatario quien tendrá la gran responsabilidad ante los millones de guatemaltecos que se verían beneficiados con un Ministerio Público fuerte, independiente y comprometido con el estado de Derecho.