Con enconadas discusiones metodológicas arrancó el histórico juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los supuestos delitos de abuso de poder y obstrucción al Congreso, el tercer proceso de este tipo en los 244 años de historia de esa nación, pero el primero desarrollado en plena era digital, con un aluvión de noticias, opiniones, análisis, voces de involucrados en la acusación o la defensa y hasta pronunciamientos en directo del propio señalado, sobre todo a través de la red social Twitter.

Se pueden sacar inferencias sobre el sentir de la ciudadanía estadounidense, que está dividida, sobre todo porque se encuentra en año de elecciones, con un congreso demócrata que avaló en diciembre las sindicaciones contra Trump y las envió a un Senado mayoritariamente republicano que abiertamente declara su apoyo al mandatario, cuyas mayores cartas son la recuperación económica y la baja del desempleo, dos variables de gran impacto entre la población pero que no tienen ninguna relación causal ni factual con la acusación de haber presionado al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con la amenaza de retiro de fondos, para que se emprendiera una investigación penal contra el hijo del exvicepresidente y potencial candidato presidencial demócrata Joe Biden, con la ulterior finalidad de socavar su prestigio político.

Las aguas de la tormenta política apenas empiezan a agitarse en el Senado, en donde el debate gira alrededor del tiempo de las audiencias y la posible admisión de más testigos de la parte acusadora, así como la requisición de más documentos al Departamento de Estado. El primer factor es clave porque el 4 de febrero está previsto el informe presidencial sobre el Estado de la Nación y nadie en el Gobierno ni en el partido republicano quiere que quede en medio del proceso. El segundo tema es crítico para la Casa Blanca, puesto que las declaraciones bajo juramento podrían acarrear un impacto mediático de fuertes consecuencias electorales, no solo en la carrera por la Presidencia, sino por un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

En todo caso, el tema de fondo que se debe valorar es la responsabilidad legal y ética que entraña el desempeño de un cargo público, así como la posibilidad y obligación de rendir cuentas. Es impensable que un poder del Estado pueda fiscalizarse a sí mismo sin conflicto de interés, y aunque las pasiones políticas tienen sus propias finalidades, resulta mejor un proceso público y una votación pública que cualquier decisión o negociación arcana.

La muy probable absolución para Trump traerá sus propias lecturas, tanto para admiradores como para detractores, al igual que ocurriría con un remoto resultado condenatorio. En todo caso, la lección se encuentra a la vista para cualquier gobernante o funcionario: nadie puede ni debe creer que tiene un poder omnímodo, nadie puede ni debe creer que posee la potestad de utilizar los recursos de la Nación —así se trate de la más poderosa del planeta— para conminar a otras a actuar según determinadas conveniencias. Y en este sentido cabe recordar que el propio jefe de gabinete de Trump reconoció los condicionamientos de fondos a Ucrania durante una conferencia de prensa, en octubre de 2019, y trató de justificarlos al citar como parangón las amenazas de corte de fondos a los países del Triángulo Norte para obligarlos a firmar sendos acuerdos migratorios, cuya legalidad también se encuentra bajo cuestionamiento en EE. UU., mientras que en Guatemala aún no se conoce su contenido: un ejemplo local de abuso de poder que todavía no ha sido debidamente escrutado.