Siempre ha causado molestia entre los diputados al Congreso de Guatemala que en cada evaluación que se hace por parte de cualquier entidad seria su trabajo sea mal evaluado y que el Poder Legislativo se ubique siempre en los niveles más bajos de aceptación y confianza entre la población.

Y es que, aunque en cada legislatura existan notables excepciones de congresistas que sí llegan a ejercer bien su trabajo, lamentablemente también incontables ejemplos de personajes que por sus palabras y sus actos solo alimentan la percepción negativa que los guatemaltecos tienen de los diputados y del Congreso mismo.

El lunes pasado, a cuatro días de dejar la presidencia del Congreso, el diputado oficialista Allan Rodríguez y su junta directiva organizaron una fiesta en uno de los espacios abiertos de las instalaciones que ocupa el parlamento, provocando de nuevo el rechazo y la indignación entre los guatemaltecos.

Hacer un festejo, siempre y cuando no sea equivalente a despilfarro e incluya transparencia en el gasto, podría ser justificado por los parlamentarios, pero el ocurrido y documentado por medios de comunicación y vecinos que viven en edificios aledaños al Congreso, no tiene asidero cuando ese mismo día a pocos metros del Congreso, las autoridades de Salud Pública alertaban a la población sobre el rápido aumento de contagios de covid-19 en el país e instaban a los guatemaltecos a tomar medidas, incluido el distanciamiento físico y el evitar aglomeraciones.

Hasta ayer, según los registros oficiales y a sabiendas de que existe un gran subregistro, la pandemia ya ha cobrado la vida de 16 mil 127 guatemaltecos, y más de 641 mil se han enfermado, algunos de ellos de gravedad, incluido el propio diputado Rodríguez. Por lo mismo, y por el respeto que esos miles de familias merecen, la fiesta organizada en el Organismo Legislativo no puede ser calificada de buena forma y es del todo deplorable.

La celebración sirve como pésimo cierre a una gestión que, evaluada técnicamente, deja un rezago en la aprobación de leyes en beneficio de los guatemaltecos. Ayer, la organización Congreso Eficiente, una iniciativa de varias entidades que busca medir las líneas de trabajo que tiene el Organismo Legislativo, destacó en su informe anual que el año pasado tan solo fueron aprobados 20 decretos y el Pleno conoció un total de 84 iniciativas, 62 del 2021 y otras 22 que se habían presentado en años anteriores, pero que fueron solicitadas en las sesiones de jefes de bloques, quedando pendientes de conocer 171 iniciativas acumuladas en los años 2020 y 2021.

Más allá de los números, la gestión de Rodríguez deja un Legislativo más desprestigiado, con poca capacidad de lograr consensos, sin una Ley Orgánica que permita sancionar a los diputados que no asistan a su trabajo o cometan faltas y un rezago en la discusión de leyes que mejoren la institucionalidad del Estado, como la Ley Electoral y de Partidos Políticos o proyectos y leyes que promuevan el desarrollo.

Además, queda el gran saldo de hacer que el Congreso cumpla con la Constitución y agilice la ya tardía elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, paralelamente a agilizar el proceso de renovación de fiscal general, y elegir nuevo contralor general de Cuentas y procurador de los Derechos Humanos. Así, el reto para el 2022 es gigante.