Nada bueno se puede esperar de una agenda legislativa que prioriza los asuntos clientelares y las agendas convenencieras, pero que además actúa con alevosía y nocturnidad para evadir la fiscalización de sus actos aviesos. El más reciente de los “logros” del actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez, como él mismo lo presumió, fue ampliar el límite para el gasto discrecional de las municipalidades, el cual pasa de Q90 mil a Q200 mil para compras directas, las cuales, aun con el monto previo, ya eran objeto de fragmentación y amaño.

Mientras tal manipuleo se desarrollaba, aplaudían desde el palco algunos jefes ediles plegados al oficialismo. No tranquilizan en absoluto las declaraciones del presidente de la Anam, Miguel Ovalle, referentes a que para combatir la corrupción dicha entidad imparte “capacitación” para que los alcaldes promocionen la transparencia. Ciertamente no se puede generalizar el mal uso de recursos, pero sí existen antecedentes recientes de compras a empresas de familiares, diputados distritales o vinculadas con los propios alcaldes, quienes argumentan que ya no les pertenecen y que están a nombre de terceros.

El manoseo inverecundo de la norma fue más allá: se cambió también la figura de las autoridades responsables de hacer las compras y contrataciones en las instituciones públicas, con lo cual crece el abanico de riesgos por conflictos de interés. Las compras abajo de Q200 mil también estarán exentas de la suscripción de un contrato, con lo cual las comunas podrían institucionalmente estar expuestas a incumplimientos. Esto podría ser especialmente grave cuando llegue el último año del período, sobre todo si los ediles no logran la reelección, como suele suceder por sus incumplimientos.

Hasta ahora, el 80% de las adquisiciones municipales se hacía por compra directa, a pesar de las restricciones, las cuales se impusieron precisamente para estimular que los recursos públicos se usasen de una manera más eficiente en cuanto a calidad y precio de productos y servicios. Para todo lo demás, la figura de la licitación era lo correcto para estimular la competencia y obligar a una mejor planificación, lo cual obviamente precisa de voluntad y esfuerzo intelectual.

El señor Rodríguez intentó justificar la modificación como el cumplimiento una “promesa” de campaña del presidente Giammattei formulada a los alcaldes en referencia a supuestamente facilitar su labor. Resulta un punto interesante, porque cuando se le demanda al mandatario que agilice en el Congreso normativas de reactivación u otras de capital importancia, suele indicar que se evita cualquier injerencia. Claro está que se trata de pretextos politiqueros para maquillar un terrible atentado contra la transparencia y la cuentadancia, porque el aumento del límite de compras a Q200 mil no devino de ningún estudio técnico, sino de un criterio antojadizo.

Bien podría la Contraloría General de Cuentas de la Nación presentar una solicitud de amparo en la Corte de Constitucionalidad en contra de tan impúdica modificación, amparándose en los informes anuales de reparos hechos a gastos de comunas del país, así como en el incumplimiento constante de la Ley de acceso a la información pública. Es probable que la acción no avance, debido a los obvios nexos de la Corte de Constitucionalidad con el mismo Congreso, pero por tratarse de un asunto que compromete gravemente al erario, podría ocurrir que los recién estrenados magistrados actúen a conciencia y prospere.