En un territorio altamente sísmico como Guatemala resulta una completa vergüenza para el Estado que por falta de recursos económicos, por contrataciones inadecuadas y manejos clientelares la institución a cargo del registro y análisis de este factor de riesgo solo tenga personal de monitoreo sismológico en horas de oficina, como si los movimientos telúricos siguieran las pautas burocráticas o se apiadaran de las carencias institucionales, valga la prosopopeya.

Fue precisamente a raíz del devastador terremoto del 4 de febrero de 1976 que se creó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el 26 de marzo de ese mismo año, como dependencia del Ministerio de Comunicaciones, con la misión de estudiar y monitorear fenómenos atmosféricos, geofísicos e hidrológicos, evaluar riesgos para las comunidades, ofrecer información científica útil y emitir recomendaciones al Gobierno y a la ciudadanía. Con el avance de la ciencia y la tecnología, esta entidad debería contar en la actualidad con equipo digital de punta, personal tecnificado de carrera y con especialidades en el extranjero, así como un perfil de confiabilidad respaldado por la cooperación de entidades homólogas alrededor del mundo.

Si bien quedan técnicos y científicos en esta entidad, la nómina es insuficiente y no alcanza a cubrir un monitoreo de 24 horas, al menos en cuanto a la recurrente sismicidad y la actividad volcánica, que en ciertas regiones tienen alguna conexión, razón de más para proveer este servicio de manera continua. Esa situación se debe no solo a restricciones presupuestarias, sino a la contratación de personas incapaces e inexpertas, tan solo por ser allegadas de funcionarios de turno.

En noviembre último se dio a conocer un caso de corrupción en el Insivumeh, relacionado con compras amañadas por Q30 millones y por las cuales se encuentran bajo proceso judicial 16 personas, incluyendo el director, Yeison Broderson Samayoa. Recientemente se entregaron la cónyuge y un hijo del diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana (PC), señalado por el MP de haber fraguado dicho negocio, pero no puede ser investigado por gozar de inmunidad parlamentaria. Samayoa, excandidato a diputado del mencionado partido, no ganó pero fue designado como director de dicho instituto, sin que tuviera experiencia alguna en Sismología ni Vulcanología ni Meteorología ni Hidrología. Su llegada fue un tráfico de favores mediante el cual PC ofrecía tres votos al pacto oficialista. Samayoa se encargó de solicitar una ampliación presupuestaria y de ordenar la compra sobrevalorada a una empresa vinculada, según la pesquisa del MP, al diputado. Por si fuera poco, el caso develó que la subdirectora técnica de la entidad era una agraciada bachiller, de 24 años, estudiante de Ciencias Jurídicas, otro indicio del clientelismo y las discrecionalidades que pululan, contaminan y entorpecen la labor de tan crítica institución.

Para el presidente solo queda una alternativa: enmendar la plana a sus ministros de Comunicaciones, a través de una reingeniería en el Insivumeh, con un plan transparente e integral de equipamiento de punta, a escala nacional, que permita una mayor anticipación a posibles siniestros, con sistemas como los ya existentes en países como México, Japón y EE. UU. Si se argumenta el costo económico o político para no hacerlo, entonces el precio lo pagarán las próximas víctimas de un evento telúrico, volcánico o ambos, para lo cual no existirá el más mínimo aviso y se constituirá en un crimen por omisión.