La reforma a la Ley de Clasificación de Desechos, para prorrogar algunos de sus efectos e implementar solo una clasificación obligatoria primaria —basura orgánica o inorgánica— puede considerarse un logro de ciertos sectores y una derrota para el ambiente. Posponer la separación secundaria —es decir, de plásticos, vidrios y papeles— resulta ser una solución timorata y hasta cierto punto populista de un gobierno en fase final, para evitar el conflicto con recolectores de basura y sobre todo con las alcaldías, entre quienes muy poco se socializó y menos aún se viabilizó la logística para la implementación del acuerdo gubernativo 164-2021.

Esa operatividad logística es la que constituía el corazón de toda una transformación de hábitos, obligada por ley, que habría marcado época. En la disposición de tales desechos se definirá cuáles van a reutilización, reciclaje o compostaje, tres vías que requieren de método, maquinaria, personal y canales de comercialización, a cargo de entes estatales o bien de alianzas con empresas privadas. Pero de eso muy poco se habló desde la entrada en vigor de la norma, hace dos años. Había otros afanes predominantes en el Ejecutivo y todavía los hay, pero la vigencia fijada para mañana, activó la polémica en el último mes.

Existen colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales, empresas y universidades que emprendieron campañas de concienciación y capacitación desde el 2021, cuando aún parecía lejano el 11 de agosto del 2023. También en planteles educativos se comenzó a instruir a los alumnos en buenas prácticas para evitar la contaminación de desechos sólidos. Generalizar esta cultura debería ser la consigna en el sector público y privado.

El acuerdo 164-2021 era urgente y oportuno, pero su relevancia quedó relegada por los afanes de crear un inviable superministerio de Ambiente, los intereses políticos del exministro Mario Rojas Espino, quien renunció a la cartera en octubre del 2022. Fue condenado el 30 de julio último por falsificación de documentos al intentar inscribirse como candidato a diputado al Parlamento Centroamericano. La tardía comunicación estatal para concretar lo normado y la confluencia con la campaña electoral terminaron de robarle la debida atención.

No se debe descartar que detrás de la concesión oficialista a los alcaldes haya confluencias de intereses y apalabramientos. Pero de cara a un siguiente gobierno, una recolección y tratamiento eficiente de desechos no debería demorarse otros dos años. Lamentablemente, la reforma así lo fija, sin mayor cronograma, con lo cual no hay manera de verificar avances concretos. El gobierno de Giammattei Falla le deja vigente la clasificación a los particulares y prorroga el resto.

Pero el tema de la basura no solo abarca a quienes sí cuentan con servicio de recolección domiciliar. Se deben crear mecanismos para los desechos de mercados, se debe reforzar la sanción para quienes tiren basura por las ventanas de vehículos o fomenten botaderos ilegales en barrancos, ríos o lagos.

Cada persona produce basura de una u otra forma, pero no todos se responsabilizan de disponer adecuadamente de ella. La contaminación está a la vista y se encuentra al límite. Pero no solo es un aspecto estético, sino que pone en peligro el agua, el recurso marino, el entorno en el cual vivirán nuestros hijos y nietos. No hay basura ajena.