Un acto de responsabilidad, de amor familiar y también de esperanza se ha convertido en factor fundamental para la estabilidad macroeconómica guatemalteca: el envío de remesas de guatemaltecos radicados en EE. UU. y Canadá a sus familiares en ciudades, pueblos y parajes de todo el país. La precariedad, el desempleo y la falta de oportunidades de superación los empujaron a marcharse hace décadas, o quizá hace solo unos meses, en busca de un ingreso que permita la subsistencia y tal vez, a fuerza de perseverancia y duro trabajo, la superación de sus condiciones de vida.

Lamentablemente, el fenómeno de la migración ilegal se ha extendido desde la década de 1980 de manera progresiva, un claro indicador de que los gobiernos, incluyendo al actual, no han sabido responder a las auténticas necesidades de un desarrollo sostenible; los políticos han sido incapaces de entablar un diálogo serio para promover una agenda de acuerdos mínimos y grandes acciones a largo plazo. En lugar de eso se han volcado a la rapiña y el clientelismo, explotando las miserias mediante regalos intrascendentes a cambio de votos. Hasta allí llega su cociente intelectual.

Las cifras son elocuentes. En apenas ocho meses, de octubre de 2020 a mayo de 2021, la oficina de Aduanas y Control Fronterizo de EE. UU. reportó la detención de 30 mil 371 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos no acompañados. La cantidad aumenta si se abarca otras edades: más de 153 mil connacionales fueron capturados en el intento de ingresar sin documentos a EE. UU., un auténtico éxodo que, si bien se agravó a causa de la pérdida de empleos por la pandemia, tiene otros factores subyacentes y preexistentes.

Paralelamente, el envío de dólares por parte de guatemaltecos en el extranjero sigue marcando nuevos récords: solo en julio último el Banco de Guatemala registró el ingreso de US$1,354 millones, una tendencia de crecimiento que proyecta un posible monto histórico de US$14 mil millones —más de Q105 mil millones— para finales de este año.

Sin embargo, resulta paradójico el poco avance que ha tenido la provisión de servicios a migrantes, tales como la emisión de pasaportes u otras constancias de identidad como DPI o certificados de nacimiento. Si bien se han efectuado algunos esfuerzos por brindar una atención consular más próxima, la gran mayoría de guatemaltecos afronta dificultades para contar con una interlocución ágil y una asesoría constante en materia migratoria. Por otra parte, no existen planes estatales de fomento al desarrollo local, como si acaso la apuesta siniestra fuera continuar la “exportación” de personas, tal como lo afirmó un inverecundo expresidente años atrás.

Mientras tanto, EE. UU. ha retomado las deportaciones exprés y ha revelado las líneas generales de su política de combate de la migración irregular, a través de cooperación en materia de seguridad, desarrollo y lucha contra la corrupción en los países de origen, a fin de crear mejores oportunidades locales. Justo allí engarza la mención de los grupos políticos que han descuidado su papel de interlocutores entre el Estado y la ciudadanía para convertirse en camarillas al servicio de ciertos patrocinadores, entre los cuales han ganado peso grupos del crimen organizado y el narcotráfico, a los cuales no les interesa la institucionalidad ni la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, siguen llegando más familias y niños a una frontera distante, en busca de un sueño que no hallaron en su suelo.