Siguen confundidos quienes esperaban que el gobierno de EE. UU. no cumpliera con las anunciadas medidas del discurso anticorrupción que asumió desde su primer día el presidente Joseph Biden. Pese a las advertencias, resulta severo el revés que significó la divulgación, ayer, de al menos 15 nombres que se sumaron a los de otros perfiles de guatemaltecos señalados de corrupción desde tiempo atrás y que hoy figuran en la lista Engel, el más reciente índice de indeseables para la administración de dicha potencia.

Diversas han sido las reacciones ante la adición de nuevos nombres de personas señaladas por el Departamento de Estado de estar supuestamente vinculadas con prácticas tendientes a la impunidad, el entorpecimiento de la labor de justicia e incluso de abierta corrupción. Algunas optan por esconderse, otras se declaran perplejas por la designación y otras más lo asumen por el lado del sarcasmo o la abierta crítica hacia la administración demócrata, que está apenas por cumplir su primer semestre, buena parte del cual se ha centrado en limpiar a los Estados del Triángulo Norte de los lastres que impiden el desarrollo y detonan la migración.

Pero esa tarea no es nueva, puesto que ya desde los últimos días de la administración Trump se había lanzado una primera, si bien somera, lista negra, a cargo del Departamento de Estado dirigido por Mike Pompeo. En 2019 y 2020 se incluyó a operadores políticos como el ex secretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, señalado de negociar magistraturas, o al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, entonces prófugo.

Por otra parte, es necesario observar que no se trata de uno sino de tres listados de personas a quienes EE. UU. considera inconvenientes para sus planes de cooperación, de seguridad regional y de freno para la migración. En El Salvador y Honduras también hay nóminas de designados, para quienes no hay visado ni beneplácito, lo cual es significativo si se toma en cuenta que en esos dos Estados fueron incluidos funcionarios de gobierno y allegados a los respectivos mandatarios, Nayib Bukele y Juan Orlando Hernández. Si bien en Guatemala no hay figuras señaladas del Ejecutivo, sí las hay de los organismos Legislativo y Judicial, e incluso de la Corte de Constitucionalidad.

Ningún poder del Estado puede abstraerse del mensaje político de EE. UU. al colocar en la lista Engel al magistrado de la CC Nester Vásquez, juramentado a toda prisa el 3 de junio, señalado por supuestamente obstruir la justicia. Lo mismo vale decir de las aseveraciones hechas por el documento en cuanto al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Duarte, o contra diputados y exdiputados.

Queda claro que esta ofensiva exterior estadounidense apenas comienza. Queda claro que la aprobación de la ley que dio vida a la lista Engel contó con el apoyo de los partidos Republicano y Demócrata. Difícilmente hubiera existido otro rumbo para cualquier administración de la Casa Blanca, porque para EE. UU. el Triángulo Norte representa un desafío ineludible. Debería quedar tácito que es tiempo de que la institucionalidad del país retome su rumbo con apego a Derecho, con acciones correctas; por ejemplo, que el Congreso elija a la nueva Corte Suprema de Justicia y magistrados de salas de Apelaciones sin demoras ni pactos bajo la mesa, si es que no están a la espera de la inclusión de señalados de más peso.