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Un sobrecosto que lastra a todo un país

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A pesar de denuncias, juicios y casos de dramáticos alcances, la creencia de que los sobornos son pagos inocuos pareciera mantenerse a flote para determinadas personas, quienes podrían suponer que transgredir leyes, saltar pasos de un proceso de licitación o acelerar permisos a cambio de un pago ilícito no tendrá efecto colateral: nada más equivocado y constituye una situación que debe corregirse de raíz con una cultura de cero tolerancia a la corrupción.

Para empezar, tales costos añadidos, imprevistos e ilegales no salen de la nada ni resultan inocuos, puesto que golpean al ciclo productivo nacional a diversos niveles. De hecho, Guatemala figura entre los países que mayor porcentaje de recargo poseen debido a este género de corrupción: hasta un 30% de sobrecosto, que reduce la competitividad y paulatinamente se convierte en un lastre para nuevos emprendimientos. Bajo ninguna circunstancia es moral, ética o legalmente válido exigir, recibir o dar dinero, bienes o beneficios a cambio de facilitar un trámite, amañar una licitación o desvanecer una sanción. La historia del país está llena de casos en los cuales tales arreglos bajo la mesa terminaron con vidas perdidas, obras deficientes, servicios prestados de forma mediocre o todas las anteriores juntas.

No obstante, existen esfuerzos notables para frenar este flagelo. La Cámara de Industria, a través de su programa GuateÍntegra, refleja ese objetivo de aniquilar toda práctica de cohecho, el cual debe ir acompañado de una efectiva acción de las autoridades de justicia y una sólida postura de ciudadanos y empresas en contra de toda exacción ilegal. El estudio Prácticas empresariales contra el soborno, elaborado en conjunto con la Universidad del Valle de Guatemala, es el primero de su tipo en Latinoamérica y evaluó a empresas de diversos sectores. Identificó algunos que son más vulnerables a este tipo de situaciones a causa de factores de mercado, regulaciones y barreras burocráticas, las cuales pueden ser aprovechadas por funcionarios venales para condicionar permisos y requisitos, en una carrera contra el tiempo y el costo de oportunidad que puede llegar a niveles de desesperación.

El sondeo detalla algunas posturas de actores que caen en el vórtice de los sobornos, quienes buscan justificar sus acciones señalando que la competencia también lo hace, que deben cumplir con metas de ventas y que de otra forma perderían negocios. Tales razones carecen de validez y pueden ser rebatidas moral y legalmente. La investigación citada es valiosa porque identifica la persistencia de un problema de corrupción que es tan perjudicial como el nepotismo, las contrataciones clientelares, las compras o adquisiciones hechas mediante opacos mecanismos, las plazas fantasmas y el acoso o destitución de funcionarios probos, que resultan incómodos, tal como ocurrió ayer con el subcontralor de Cuentas, quien la semana anterior declaró la inviabilidad de la opaca compra de aviones argentinos.

Ante las presiones de mafias o grupos enquistados en el Estado puede que llegue el momento de una disyuntiva difícil de encarar, pero con una sola respuesta correcta: actuar con ética, honestidad e integridad. La capacitación sobre transparencia y valores, el conocimiento de las leyes y una actitud de cero tolerancia a la corrupción son los tres pilares sobre los cuales descansa el anhelo de un país más próspero, eficiente y libre de rémoras burocráticas.