Editorial

Un traspié más grave de lo que parece

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Poco afortunadas resultan las revelaciones del presidente Jimmy Morales acerca de sus reuniones con algunos candidatos presidenciales, de las cuales no se tenía información alguna hasta ayer. Ello genera toda una serie de cuestionamientos sobre las motivaciones, los temas abordados y las razones de la agenda selectiva para tales encuentros. Peor aún, lo dio a conocer, presionado por las circunstancias, al confirmar que visitó al presidenciable de UCN, Mario Estrada, en su finca de Jalapa, semanas antes de su captura en EE. UU. señalado de conspiración para traficar droga y urdir ataques contra otros aspirantes, cargos por los cuales está prevista su comparecencia ante una corte este martes. Tal parece que en los momentos en que más lo necesita, no existiera el Consejo Asesor de Seguridad, que en otras coyunturas exhibe protagonismo para justificar acciones polémicas; en otras palabras, da la impresión de que el mandatario está mal asesorado en cuanto al alcance de sus acciones, o bien que ignora tales consejos, si es que existen.

No hay un registro público de las entrevistas que sostuvo con candidatos a la Presidencia ni estos han tenido la solvencia moral de divulgar sus citas con el mandatario. Al no estar incluidos todos los presidenciables, se puede deducir un sesgo que a su vez podría entrañar un conflicto de interés que debe ser motivo de protesta por parte de las organizaciones partidarias discriminadas y de fuerte reclamo ciudadano, dado que la Presidencia representa la unidad nacional, no así los candidatos, al menos hasta que alguno sea electo.

Existe otra consecuencia grave para la institucionalidad del país que Morales se ha ufanado de defender en palabras, pero no en acciones: el octavo ataque repetitivo, enconado y sin denuncias contra el Tribunal Supremo Electoral, que constituye una muestra más de desdén a las instituciones, ya que el señor presidente también criticó procesos de candidatos que se ventilan en cortes, como si no fuera esa la vía legal, constitucional y legítima de resolver diferencias.

Una de las grandes tareas de la persona que llegue a desempeñar la Presidencia de la República, por decisión libre de los ciudadanos guatemaltecos, será reivindicar el valor de ese cargo, investido de un valor simbólico que va más allá de oratorias patrioteras y que ha sido usado como punto de ataque a otros poderes y entidades del Estado cuando no se pliegan a los designios oficialistas. Con sus ya conocidos constructos de palabras, el presidente Morales reiteró su ataque contra el TSE, una entidad que a pesar de los desafíos y el desgaste por las polémicas tiene una tendencia de credibilidad mucho más estable que la de él.

La reunión con Estrada, que se concretó supuestamente debido a la insistencia del hoy detenido, constituye un embarazoso imprevisto para los últimos nueve meses del período moralista. Sobre los temas discutidos en dicho encuentro debió rendir detalle con puntos y comas, así como evaluar las posibilidades de vulneración de la seguridad pública.

La institucionalidad nacional requiere una cuentadancia clara sobre los temas sostenidos en las audiencias con los candidatos elegidos. La democracia del país demanda un cese de la hostilidad del mandatario hacia la institución rectora del proceso electoral. La inteligencia del ciudadano merece respeto por parte de la persona a quien se le confió la unidad, la integridad y la seguridad del país, por lo cual es penosa su exposición a grupos sobre los cuales ya existían advertencias desde hace una década.