EDITORIAL
Un verano para recorrer la corrupción vial
Este viacrucis vial que muchos sufrirán en Semana Santa se vive todo el año. No puede seguir así.
Miles de guatemaltecos se desplazan por el país desde el fin de semana último, ya sea por turismo, comercio, devoción o visita al lugar de origen por el asueto de Semana Santa. En su recorrido la gran mayoría tendrá la oportunidad de vivir y padecer los estragos de la mediocridad y la corrupción vial que ha drenado recursos, frenado competitividad y robado costo de oportunidad al desarrollo del país, por cortesía de la camarilla de turno a la cual se asignó obra carretera.
El máximo emblema de este desastre es la tortuosa carretera CA-9 Sur, cuyo fallido proyecto de ampliación se otorgó a la malhadada compañía brasileña Odebrecht, que hasta se cambió de nombre por el cúmulo de fraudes y los escándalos de soborno que protagonizó en el continente. Coimas a diputados desde US$250 mil hasta US$500 mil habrían mediado para la aprobación del préstamo que seguimos pagando los guatemaltecos. En dicho trato destacó el papel del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y también el expresidenciable Manuel Baldizón, señalados y más tarde beneficiados por la decisión del fiscal Rafael Curruchiche de desechar testimonios de exfuncionarios de la firma brasileña, que una vez más fueron citados a comparecer y declarar en Guatemala.
A todo esto se quedó en el limbo un resarcimiento por el incumplimiento del contrato, que fue modificado a medio camino para multiplicar el costo por kilómetro. Entre las fronteras de México y El Salvador los conductores guatemaltecos y sus familias probarán sortear tramos abandonados que debían ser de cuatro carriles y solo tienen dos. Especial despropósito vehicular representan los deCocales, San Bernardino, Cuyotenango o Retalhuleu, embudos lesivos por los cuales nadie responde.
En esta aventura de decepción extrema se sitúa el libramiento de Chimaltenango, que fue calificada por el exministro José Luis Benito de obra “futurista” en su inauguración, para adular al entonces mandatario Jimmy Morales, quien había llegado a “supervisar” la obra, pues se abrió en plena campaña electoral del 2019. En todo caso “supervisó” mal, porque con las primeras lluvias comenzó a derrumbarse y así ha seguido por años. Pese a ello, el proceso judicial contra Benito permanece inerte y hasta podría tener su “libramiento” legaloide.
Otro caso, más reciente, es la carretera entre Comalapa y San Martín Jilotepeque, abandonada a medias, con tramos polvorientos y en deterioro aunque el gobierno de Alejandro Giammattei publicitó “la “inauguración de trabajos”. La reconstrucción de la carretera a El Salvador, en el tramo de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, quedó tirada seis meses y se reinició este año. Pero no hay procesos contra los responsables del rezago. En julio del 2020 Giammattei y el entonces director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, inauguraron una ruta en Ixcán, Quiché, que costó Q25 millones y al año tenía tramos hundidos. Fue reparada… a cuenta del erario.
Este viacrucis vial que muchos sufrirán en Semana Santa se vive todo el año. No puede seguir así. Urge establecer precedentes legales contra funcionarios antiguos y actuales vinculados a estas chambonadas. También es urgente una ley de Infraestructura para crear mecanismos de construcción, supervisión y mantenimiento con calidad, y privilegiar las alianzas público privadas como una opción. Y si no, basta ver el empedrado —así luce el pavimento— de la ruta a Puerto Quetzal, cuya reconstrucción no inicia debido a obstáculos generados por funcionarios, diputados y contratistas que aún intentan quedarse con el millonario proyecto por aviesas motivaciones. ¿No le indigna?
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