Al entendido, a señas.., reza un viejo y conocido dicho popular que se aplica perfectamente a la diplomática pero vehemente solicitud, casi sugerencia y casi demanda, planteada por el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en la mesa de diálogo que sostuvo con el presidente Alejandro Giammattei y miembros de su gabinete: la vulnerabilidad predominante en el sistema portuario guatemalteco se ha convertido en un factor de alto riesgo para la potencia del norte.
Las situaciones que debilitan el control portuario se yuxtaponen y en conjunto llegan a pintar una falla sistémica que a pesar de estar identificada continúa prologándose a beneficio de oscuras mafias dedicadas al narcotráfico, trata de personas y trasiegos diversos, desde mercancías hasta armas.

Atávicas deficiencias, aparentes rezagos, descuidos inverosímiles, discrecionalidades sospechosas o disfuncionalidad de equipos de cámaras de vigilancia se suceden en un carrusel de vicios, a lo cual se suma —o más bien se resta— la inexistencia de una autoridad nacional portuaria, debido a que la ley respectiva se encuentra encallada en los densos pantanos legislativos.

Cuando se destapó el escándalo de La Línea, en 2015, los manejos aviesos en puertos ya eran cuento viejo. Lo más lamentable es que lo siguen siendo y los correctivos se aplican a cuentagotas. Cabe señalar el tortuoso camino que tuvo el sistema de revisión no intrusiva, mediante rayos X, el cual permite escanear contenedores con mayor celeridad y exactitud. Tardó años en implementarse en los puertos Quetzal y Santo Tomás de Castilla. Cuando entró en funcionamiento empezaron a ocurrir otras “fallas”. Recientemente se denunciaron extraños apagones que obligaban a retomar el método de semáforo, el cual marca verdes y rojos, supuestamente al azar, para la revisión de cargamentos.

El grado de riesgo alcanzado por la porosidad portuaria guatemalteca queda claramente denotado con el nivel del funcionario que efectúa la visita. Es el encargado de asegurar la integridad fronteriza y de todos los puertos de entrada del país más poderoso del planeta bajo cuya esfera geopolítica se encuentra el Triángulo Norte, guste o no. Además, este encuentro ocurre exactamente a un mes de la visita oficial de la vicepresidenta, Kamala Harris. Si bien Mayorkas evitó demandar directamente la agilización de la autoridad portuaria, el ofrecimiento de apoyo para fortalecer la seguridad de esas instalaciones es elocuente.

Constituye hasta cierto punto un enigma el nivel de infiltración de redes mafiosas en el quehacer de las terminales marítimas y su vinculación con cuadros bajos, medios o altos. Queda claro que el establecimiento de una autoridad portuaria íntegra, activa y con poder ejecutivo suficiente puede convertirse en una piedra en el zapato para tan prolongadas impunidades. El paro efectuado por trabajadores de Puerto Quetzal, el 4 de junio, y la amenaza de paralizar Santo Tomás de Castilla, a fin de presionar contra la Ley Portuaria son verdaderas rebeliones promovidas por oscuros liderazgos que solo persiguen mantener privilegios y secretismos. Por lo pronto, la gentil conminatoria estadounidense debe llevar a que el Congreso acelere el paso de la ley de marras para que no se convierta en otra amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Por su lado, el Ejecutivo no tiene más remedio que aceptar la ayuda para poder vigilar mejor aquello que obviamente no ha podido controlar del todo hasta ahora.