Las amplias expectativas económicas recientemente difundidas por el Banco de Guatemala también tienen una contraparte concreta, real y prácticamente inminente de panorama inflacionario. No por optimistas hay que dejar de ver o menospreciar tales factores. Si bien pueden amortiguarse con adecuadas medidas monetarias y crediticias, también es cierto que se trata de elementos exógenos y coyunturales que tienen impactos directos en la producción, el comercio y la vida cotidiana. De hecho, el aumento en el precio de productos importados figura en el informe de desempeño económico que la Junta Monetaria conoció en diciembre y en la previsión para 2022.

Entre estos factores de encarecimiento está el embudo naviero, que aún tiene efectos en el transporte de mercancías, causado por los atrasos en los procesos de carga y descarga de importantes puertos, sobre todo en Estados Unidos. El efecto de esta complicación es el aumento de hasta 300% en los fletes marítimos, principal vía del comercio internacional, tanto de importaciones como exportaciones. Este costo adicional va a dar de alguna forma a diversos artículos de consumo, a discreción y necesidad de los comercios.

En esa gama de productos internacionales que la sociedad guatemalteca consume se encuentran los combustibles, que en el último tramo del 2021 mostraron una leve baja. Sin embargo, apenas ayer, ya en el retorno a la realidad del nuevo año, se asomaba otro repunte de precios en gasolineras. El Ministerio de Energía y Minas tiene la importante misión de verificar que no haya especulación alguna. En todo caso, el transporte interno de productos agrícolas y mercadería suele exhibir un efecto directo por esas alzas.

Y ya que se menciona el campo agrícola, también se destaca en el informe el aumento en el costo de fertilizantes, importante e infaltable insumo para esa actividad productiva. Esto se debe no solo a los retrasos del transporte marítimo, sino también a problemas de suministro, incremento de la demanda y otros factores logísticos.

El alza en los precios del propano constituye otro elemento de presión inflacionaria. Para contrarrestarlo, temporalmente, se creó un fondo de Q150 millones para subsidiar parte del excedente del costo a los distribuidores. Hasta ahora no se sabe cuánto se ha ejecutado, pero sí que tiene un plazo que vence en febrero. De continuar la tendencia alcista, implicaría una disyuntiva: mantener la compensación o enfrentar a los consumidores al precio real. No obstante, en el mercado de ese gas existen otros ruidos oligopólicos que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar.

El consumidor resulta, por lo general, siendo el más afectado, lo cual tiene un dramático impacto en los sectores populares, que viven prácticamente al día y que durante la pandemia han sufrido un fuerte efecto en las oportunidades de empleo. Los controles de precios pueden ser disfuncionales y contraproducentes porque suelen generar escasez, por lo que no son una solución. Esto no deja de ser una piedra en el zapato gubernamental, sobre todo si pregona, como parte del ya próximo informe de media gestión, el crecimiento del producto interno bruto en el 2021, que el Banguat cifró en 7%. Toda carestía representa un inevitable costo político para las autoridades y, por lo tanto, deben prever desde ya posibles medidas de contención de gasto o alivio tributario para compensar los efectos de un escenario tan agitado e inédito.