Editorial
Una crisis que debe llevarse a buen puerto
El reto está en asegurar la operación y en propiciar un proceso transparente para la continuidad a largo plazo.
Por si fueran pocas las recientes preocupaciones acerca de las necesidades de dragado y expansión de muelles para el atraque de buques de carga en la Portuaria Quetzal, trascendió también la declaratoria de nulidad total, emitida el 10 de junio último por una sala judicial, acerca del contrato de usufructo que permite las operaciones de APM Terminals. Esto último ocurre como el más reciente capítulo de un largo proceso legal que inició con vicios desde la declaratoria de intervención de la Portuaria Quetzal, en el 2012, durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en el cual se otorgó un usufructo oneroso para la construcción de una nueva terminal.
La Corte de Constitucionalidad tuvo en el 2012 una consulta acerca de la legalidad y constitucionalidad de dicho usufructo, debido a un amparo interpuesto en contra de un aumento de tarifas. La CC se abstuvo de emitir un fallo debido a que en aquel momento aún no cobraba “vida legal” la operación, pero quizá pudo ser el momento de atajar todo el entuerto que lleva más de una década de corte en corte; pero, claro, en aquel momento Pérez Molina y adláteres tenían todas las cartas de su lado.
Coincidentemente, aunque en un proceso distinto, este lunes 10 de junio comenzó el juicio oral y público en contra de cinco personas implicadas en una presunta trama de sobornos y tráfico de influencias para la adjudicación del usufructo TCQ, entre ellos el exsecretario presidencial de Pérez Molina, el exdirectivo sindical de la Portuaria Quetzal Lázaro Reyes y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas Charchal. Dicho caso se ha rezagado varios años y resulta llamativa la ausencia de Allan Marroquín, quien fue el interventor de la Portuaria Quetzal designado por Pérez Molina, quien está en EE. UU. y que fue prófugo por este caso.
La justicia seguirá sus vericuetos y el Ministerio Público planteó la acusación. Habrá que ver cuál es la efectividad que consiguen en tal proceso. En todo caso, de todo aquel embrollo de intereses, avideces y ambiciones surgieron los vicios legales sobre los cuales el gobierno de Jimmy Morales dio continuidad a la construcción de EPQ. Por negociaciones internacionales, la operación quedó bajo manejo de la empresa APM Terminals, que ha efectuado inversiones y mejoras en el manejo de carga. En efecto, el flujo de contenedores se ha multiplicado a lo largo de la década y el funcionamiento de la instalación constituye un engranaje crítico para la actividad económica de exportaciones e importaciones guatemaltecas.
El temor de los sectores productivos del país es que un súbito paro de APM genere alzas de costos, problemas logísticos e incluso desabastecimiento de ciertas materias primas o fallas en las entregas de embarques de productos guatemaltecos a otros países. Sin embargo, tampoco se podía continuar con un pecado legal de origen, pues sentaría un pésimo precedente. Ahora que ya se agotaron todos los recursos legales y la anulación del contrato es firme, el reto está en asegurar la operación y en propiciar un proceso transparente para la continuidad a largo plazo.
Son muchos los intereses sobre la operación de la terminal. Ya en el 2022 el presidente Alejandro Giammattei aseguraba que la portuaria compraría los activos, sin aclarar los mecanismos de transparencia o los beneficiarios económicos de la transacción. Los pendientes legales impidieron que aquel trato se concretara. En todo caso, la continuidad de operaciones es vital y deben hallarse las figuras legales para un contrato de transición que permita un concurso internacional, con transparencia y certeza jurídica, que lleve a buen puerto este asunto.
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