Prácticamente no existe presidente que no haya sucumbido a los discursos melíferos y a las odas colectivas, situación que se demostró ayer cuando el mandatario Giammattei Falla fue uno más de los homenajeados por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Recibió doce reconocimientos, entre medallas, diplomas e incluso esculturas de igual número de representantes ediles, así como la orden Manuel Colom Argueta, que lleva el nombre del exalcalde capitalino y posible presidenciable del Frente Unido de la Revolución que fue asesinado en 1979, precisamente a causa de sus críticas contra el gobierno autoritario y las ideas de línea social que en este tiempo muy probablemente habrían recibido el mismo calificativo que el gobernante dedicó a críticos y opositores durante su críptico discurso.

La Anam puede condecorar a quien guste, pues aunque está integrada por los alcaldes electos, es, en realidad, una entidad privada, fundada en 1960. Según su misión, es también “apartidaria”, “no religiosa”, “no lucrativa” y “autónoma”. Lo llamativo es que durante su alocución efusiva, el presidente ofreció construir una sede a esa entidad, con fondos públicos, y exhortó a gestionar fondos sobrantes del Congreso al diputado Manuel Conde Orellana, quien últimamente ha adquirido la ubicuidad propia de los delfines oficialistas, pues se le ha visto en inauguraciones y actos oficiales en varios puntos del país.

El mandatario se ufanó de los que considera sus logros, entre los cuales figura la entrega del situado constitucional a las comunas, lo cual, en realidad, es solo su obligación, pero lo subrayó garantizando fondos ediles para el año electoral.

No se necesitan dos dedos de frente para entender la connotación del ofrecimiento, que se hizo en presencia de otros congresistas invitados, con lo cual, en buena medida, se politizó la reunión de la asociación supuestamente apolítica, que de alguna manera actuó con un entreguismo que también compromete el concepto de autonomía, tan socorrido en otras situaciones como la exigencia de cuentadancia y efectividad en el cumplimiento de políticas de desarrollo nacional.

En todo caso, buena tarea les puso tácitamente el condecorado presidente a la Contraloría General de Cuentas y al mismo Tribunal Supremo Electoral, de cara al período eleccionario, que dista poco más de ocho meses a partir de la convocatoria. De hecho, ya existen indicios de manejos clientelares de fondos en varias comunas en dispendiosos festejos del Día de la Madre, con todo y rifas de vehículos, obsequio de electrodomésticos y eventos pagados con recursos del erario, cuando también es recurrente excusa edil la falta de fondos para atender necesidades ingentes de provisión de agua, alcantarillado, mejora de edificios escolares y otras obras.

Las auditorías de la CGC determinarán la calidad de la ejecución de recursos públicos y sin duda habrá más de un reparo que impida la emisión del imperativo finiquito para la inscripción de candidatos. Ya se sabe también que existen jueces venales que ordenan la emisión sumaria de este certificado bajo invocación de derechos políticos, pero es donde entra a funcionar el filtro del TSE, que no debería admitir tales documentos por carecer de legitimidad. Lo mismo vale decir de las campañas anticipadas de funcionarios y diputados que quieren justificar su presencia vendiéndose como fiscalizadores, aunque solo lo sean para quienes no son sus allegados.