Sin afán de desatar estériles polémicas, pero sí en busca de la verdad, es necesaria, urgente y justa una investigación independiente, científica y profesional de los disturbios ocurridos frente al Congreso de la República el sábado último, cuando un grupo de manifestantes cometió actos vandálicos, que incluyeron pintas, saqueo de objetos y un conato de incendio: hechos totalmente condenables y que contrastaban totalmente con la conducta de los participantes en la protesta pacífica frente al Palacio Nacional de la Cultura, pero que al final resultaron afectados por el caótico operativo de reacción de las fuerzas de seguridad.

La solicitud de una pesquisa real sobre la identidad y vínculos de quienes propiciaron la destrucción de propiedad pública, así como del aparente exceso de fuerza de la PNC, provino de varios sectores, entre ellos el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, del Grupo de Países Cooperantes (G-13), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Es por ello que resulta coincidente, aunque tardía, la invocación a la Carta Democrática Interamericana efectuada por el presidente Alejandro Giammattei, quien en las justificaciones de su petición al secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro menciona los “gravísimos sucesos” y “actos de violencia que coordinadamente han alterado la paz pública”, aunque no los detalla en el comunicado. En todo caso, si el Gobierno tiene datos o evidencias de dicha “coordinación”, debe cursar la denuncia ante el Ministerio Público para no incurrir en el delito de omisión de denuncia.

Es acertado lo señalado en el comunicado acerca de que “cada vez que los guatemaltecos y guatemaltecas hemos apostado por el diálogo y la paz, todos hemos ganado. El país entero ha ganado”, pero es precisamente el diálogo abierto lo que faltó en los días previos a la aprobación del cuestionado Presupuesto y cuya falta de candados de transparencia, imprudente distribución y abultada deuda motivaron el rechazo unánime de sectores que solicitaron el veto presidencial o interpusieron amparos.

Apenas ayer, a través de un tuit, se confirmaba la invitación presidencial a tanques de pensamiento para evaluar rubros del gasto a fin de plantear modificaciones, aunque se desconoce si se harán llegar al Congreso antes del 30 de noviembre o si quedarán al aire hasta entrar en vigencia en 2021. El mecanismo para tal reordenamiento debe ser divulgado como acto de transparencia y para refrendar la calidad democrática.

Invocar el diálogo como salida lógica y civilizada es una medida que se debe concretar en el abordaje serio, democrático, de desafíos nacionales como la reactivación económica pospandemia, los planes de auxilio y reconstrucción para los damnificados por las depresiones tropicales, los mecanismos para trazar una agenda de desarrollo o la definitiva aclaración del paradero de Q135 millones transferidos sin rumbo en la Dirección de Caminos. También se puede dialogar sobre una exhortación presidencial al Congreso para que elija magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones de viva voz y de día. Y que no se arguya injerencia, puesto que si se lograron acuerdos entre oficialismo y bancadas para construir una aplanadora legislativa para elegir junta directiva y aprobar el gasto, bien se puede reorientar esa fuerza en dirección del bien común.