Entre muchos políticos guatemaltecos existe una suerte de fe en la amnesia colectiva que los hace creer que sus acciones pueden quedar exentas de escrutinio público y de castigo por parte de los electores, quienes libremente pueden optar por no dar importancia a determinadas situaciones o bien emitir juicios según el momento político, la evolución de los fenómenos e incluso el contexto nacional e internacional.

Este juego de factores se puede ejemplificar en la campaña del 2015, cuando el actual presidente pedía públicamente ser investigado por la Cicig, negaba que su partido estuviera respaldado por exmilitares y hasta se daba el lujo de fustigar a lo que se denominó “la vieja política”. Los factores jugaban a su favor, recién habían ocurrido las manifestaciones masivas en contra de los partidos tradicionales y tenía de su lado el beneficio de la duda. Los señalamientos funcionaron, por efecto de la combinación de factores antes mencionados, en supuestos ataques políticos.

La historia del país ha incluido en los últimos cuatro años revelaciones de financiamiento ilícito de varios partidos, incluyendo el oficialista; así también ocurrió que uno de los fundadores de FCN-Nación, el militar retirado Édgar Ovalle, se convirtió en prófugo y familiares del mandatario se encuentran en un proceso judicial, debido a investigaciones que él mismo solicitó, al menos simbólicamente. La caída de su credibilidad, a nueve meses del final de su período, revelada por la Encuesta Libre, no es un ataque ni una descalificación, sino un hecho social. El 81% que considera que no está haciendo una buena labor es consecuencia lógica de acciones conjugadas con decisiones, discursos y realidades reveladas.

Aún así existen políticos que quieren creer que la lucha contra la corrupción se retrotrajo hasta antes de 2015 y que los votantes continúan en un estado de amnesia colectiva. Solo un tácito menosprecio a la inteligencia del ciudadano puede explicar decisiones de candidatos a quienes parece no importar el costo de oportunidad de sus acciones. Es el caso de la reciente revelación de una intercepción telefónica que vincula a la candidata Sandra Torres con un presunto financiamiento no reportado, el cual no tomó en cuenta la Corte Suprema de Justicia al denegar su antejuicio. La polémica se avivó al trascender el retraso para la petición de retiro de inmunidad, señalado por el propio fiscal a cargo, Juan Francisco Sandoval, quien dijo haber recibido la orden de proceder cuando ya la política gozaba de antejuicio.

Torres obtuvo, el 5 de abril último, medidas de protección, enmarcadas en la Ley contra el Femicidio, una norma creada para proteger a mujeres de agresiones físicas, verbales o psicológicas por parte de cónyuges, convivientes u otras personas. Una jueza ordenó una restricción contra dos fiscales, entre ellos Sandoval, a quienes prohibió “acosar” a Torres en cualquier forma, so pena de prisión. Se trató de una acción legal, pero al ser ella aspirante a la máxima magistratura del país, entraña lecturas desfavorables, pues se trata de una estrategia para frenar la investigación de un señalamiento. Para acallar a fiscales se vale de una norma noble, creada para salvar vidas y no para detener procesos, aunque ciertamente no es la primera vez que mujeres en cargos públicos la invocan para intentar evadir o desacreditar a sus críticos. Ya anteriormente una diputada usó la Ley contra el Femicidio para pedir medidas de restricción contra un diputado rival, o la propia exvicepresidenta Roxana Baldetti alegó supuesta misoginia del juez a cargo del juicio por el fraude en el Lago de Amatitlán, cuando se vio carente de argumentos de defensa.