Si no fuera tan patética y dañina sería irrisoria la transición de los políticos que, de candidatos son afables interlocutores de los medios periodísticos, responden a toda pregunta, prometen apertura total a la prensa, critican la cerrazón de los gobiernos, hasta firman —a regañadientes— declaraciones en las que se comprometen a respetar la libertad de expresión, pero una vez sentados en el poder —ya sea a la primera, segunda, tercera o cuarta ocasión— comienzan las estratagemas de bloqueo, las respuestas capciosas, lacónicas o con devolución retórica de preguntas.

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa: un derecho que no es patrimonio de los periodistas o los comunicadores, sino de todo ciudadano que quiera informarse, que busque exigir datos sobre el uso del erario y las decisiones de impacto público tomadas por funcionarios electos. Lamentablemente muchos se creen dueños del cargo y se rehúsan a responder los cuestionamientos que efectúan los periodistas y medios informativos como parte de su servicio a la comunidad.

La libertad de expresión es un derecho que comenzó a ser reivindicado con mayor énfasis desde finales del siglo XVIII. No fue fácil ni breve establecer que gobernantes y gobernados tienen la misma potestad para manifestar sus ideas, exponer sus pensamientos y afirmar sus convicciones. Todavía hay quienes buscan acallar las voces críticas por diversas vías. Desde 1946 la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Buena parte del espíritu visionario de dicha declaración se refleja en el artículo 35 de la Constitución de la República que garantiza la Libre Emisión del Pensamiento, el cual han tratado de coartar, limitar o controlar, sin éxito, diversos personajes con ínfulas de dictador o síndromes despóticos.

La concentración de poder nunca es sana para ninguna persona o grupo, por más supuestas buenas intenciones que tenga. Tarde o temprano afloran las intolerancias, los prejuicios y hasta las ignorancias. Por ello la Libertad de Prensa es vital, porque permite la existencia de medios con ideas disímiles, con visiones distintas de los problemas y soluciones, pero que se encuentran bajo el juicio del ciudadano quien define su preferencia, construye su confianza y busca los datos más certeros para poder tomar las mejores decisiones. Por eso resulta irónico que gobernantes que tienen auténtica aversión a los medios críticos terminen por crear ellos también su propio informativo, aunque, eso sí, pagado con fondos públicos.

La Organización de Naciones Unidas instituyó en 1993 el Día de la Libertad de Prensa, cuyo lema este año es “La información como un bien común”, a fin de exaltar la importancia de la información periodística como medio para luchar por la transparencia, la inclusión, el desarrollo sostenible y también por la salud. Este último factor es especialmente significativo a causa de la pandemia: en Guatemala, por ejemplo, es necesario que el gobierno presente públicamente a la prensa y a la ciudadanía todos los documentos referentes a la compra de vacunas rusas y a los plazos establecidos —o no— para su entrega, no tanto por los Q614 millones pagados en adelanto —que ya deberían garantizar seriedad y certeza en los pedidos— sino por la salud de quienes sufragan tal monto.