Una verdad repetida una y mil veces hasta la saciedad es que Guatemala es una nación bendecida en recursos naturales y humanos, con enorme potencial para salir adelante, provisto de recursos como para desarrollar una industria turística competitiva y suficiente para proveer sustento digno a miles de familias. A la vez la consigna recurrente es que el ingenio y espíritu luchador de los guatemaltecos suele resaltar cuando están en el extranjero, pero que esa es precisamente la clave de superación para tantos emprendedores en el área comercial, industrial, tecnológica, educativa, agrícola y artística.

La patria no es una abstracción decimonónica a la cual recurrir cuando la incertidumbre estratégica se asoma en el ambiente. No es un constructo de suposiciones basadas en frases rimadas o en declaraciones desfasadas. La patria es ese conjunto de guatemaltecos ansiosos de progreso, deseosos de participar en la construcción de un mejor desarrollo humano, acicateados por las difíciles condiciones legadas por gobiernos irresponsables que solo se ocuparon de urdir negocios turbios para beneficios de unos cuantos y que desencadenaron una disfuncionalidad estatal que agudizó la crisis y obligó a miles de connacionales a dejar su país en busca de un incierto sueño al norte.

La suspensión de la reunión prevista entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el gobernante guatemalteco, Jimmy Morales, a causa de la granítica oposición al avieso acuerdo de Tercer País Seguro, no se debe leer como una derrota ni como un fracaso, sino como una oportunidad de oro para exhibir dignidad y decoro ante el gigante del norte. No bastaba con llegar a un arreglo chapucero que dejaba a Guatemala prácticamente como un repositorio de personas en espera de una resolución de asilo, dadas las condiciones críticas en las cuales se encuentra esta nación.

El espíritu impetuoso e impredecible del gobernante norteamericano hacía ya de por sí imprevisible el resultado de un acuerdo de este tipo, sobre todo si este formaba parte de una agenda electorera que solo serviría para llenar agujeros de una gestión que incumplió la promesa de reducir la migración, sino, al contrario, la disparó.

EE. UU. tiene todo el derecho y potestad de manejar su política migratoria e internacional de acuerdo con sus prioridades. Lo que no resultaba válido era endilgar una crisis humanitaria a una nación que no logra resolver la suya propia debido a las prioridades políticas y deficiencias de gestión, pero que amenazaba en conjunto a toda una comunidad nacional con incalculables consecuencias.

Guatemala está en un momento de transición política, a punto de elegir nuevas autoridades para el Ejecutivo y con un Congreso definido. No se trata de ningún cheque en blanco ni de otro permiso para el fiasco. El momento es tan crítico que quien sea la persona favorecida por el voto de los ciudadanos está obligada a cumplir con un mínimo común básico de indicadores sociales y económicos. Por ello el gobierno de Jimmy Morales se encuentra comprometido a impulsar o por lo menos favorecer un liderazgo ético para la transición.

Esto no significa mutismo o inacción; por el contrario, implica una visión integral de futuro que pueda plantear un diálogo serio a la potencia del norte y un proyecto coherente de desarrollo a la sociedad guatemalteca que frene el éxodo y a la vez tenga la integridad para demandar respeto a quienes residen en EE. UU. o se encuentran detenidos por su situación migratoria. La suspensión de la reunión no debe considerarse un golpe político a la administración, sino como una oportunidad para reencauzar el diálogo con espíritu patriótico, en una realidad globalizada y relativista que demanda renovados enfoques de solución.