Aunque los términos económicos más recurrentes en los análisis de los últimos meses son inflación y riesgos de recesión, existe un tercero que ya prefigura en el ambiente y que de llegar a declararse constituirá una verdadera borrasca para las proyecciones de mejora, sobre todo de países en desarrollo: la estanflación, constituida por una tendencia de alza en los precios pero sin crecimiento, caída de la demanda y aumento en el desempleo.

Existen factores globales que se combinan: los efectos de la pandemia de covid-19, los recientes encierros sanitarios en China, la crisis logística de suministros a causa de atrasos portuarios y la brutal invasión rusa a Ucrania, que disparó los precios del trigo, el hierro y el petróleo. Además, en Europa se ha incrementado el costo de la energía y la calefacción, debido al corte de suministros rusos como parte de la escalada de represalias por la mencionada guerra.

Ya en junio último el Banco Mundial alertaba sobre los riesgos para la economía global, sobre todo para los países de ingresos medianos y bajos, ya que las condiciones anteriormente señaladas no van a variar en el corto plazo, lo cual impactará en el comercio, la producción y la demanda de materias, que tendrán un costo comparativamente mayor, con un severo impacto en la población más desfavorecida. Y esto no es lo peor, pues tras la ola estanflacionaria podría sobrevenir una recesión. Los expertos comparan el escenario con lo ocurrido en la década de 1970, por la crisis de los precios del petróleo, aunque con algunas diferencias, como la mayor demanda actual de combustibles fósiles, las alternativas energéticas verdes y un mayor flujo de data económica en la banca privada y pública.

Para el ciudadano de a pie, la política monetaria y crediticia del banco central podría parecer una operación distante al día a día, pero es fundamental para pedir préstamos, honrar deudas de tarjetas o créditos y planificar gastos. Las recientes alzas en la tasa líder ordenadas por el Banco de Guatemala buscan controlar la inflación que en seis meses rebasó las expectativas trazadas para el año.

En este contexto, el índice de confianza de la actividad económica (Icae) registra por sexto mes consecutivo una tendencia a la baja, acicateada por las adversas condiciones en que navega la economía de EE. UU., principal socio comercial de Guatemala, del cual provienen miles de millones de dólares en remesas enviadas por connacionales, que dependen de la disponibilidad de empleo y del costo de vida, que ya supera el 8%. Un 75% de los encuestados por el Banguat duda sobre hacer inversiones en el próximo semestre.

Para el mandatario de EE. UU., Joseph Biden, la situación económica representará un pesado lastre ante las elecciones legislativas de noviembre, pero no es una implicación política exclusiva de su gobierno. Cualquier Estado afronta la presión de sortear este agitado entorno, y los efectos para el gobierno guatemalteco pueden ser fuertes si no emprende desde ya una contención del dispendio en que ha incurrido. El propio presidente del Banco Mundial señala la inviabilidad de prolongar subsidios, más si se aplican de forma tan opaca como los del propano y las gasolinas en el país. Puede ayudar que la calificación de riesgo país sea favorable por parte de las calificadoras Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s; además, el flujo de remesas en dólares sigue en alza. Pero ello no bastará si persiste el incremento descontrolado de la deuda pública por el constante aumento de déficit presupuestario causado por la irresponsabilidad.