Editorial
Una piñata demagógica con dinero ajeno
El problema no es que se mejore una norma, el problema es que se le coloque un parche que será oneroso para todos los contribuyentes.
Nadie niega la contribución de muchos jubilados del Estado en diversos ministerios y entidades, así como la necesidad de encontrar vías de dignificación y apoyo económico, sobre todo de aquellos con las pensiones más reducidas. Pero de eso a poner sobre las espaldas de los contribuyentes una multimillonaria carga anual, que ni siquiera está cuantificada, media una enorme irresponsabilidad y una burda demagogia. Con 129 votos y entre farisaicas peroratas de supuesta justicia se aprobó el martes 10 un aumento porcentual a las pensiones del Estado, se estipuló que ninguna puede ser menor al salario mínimo vigente y además un aporte de Q1 mil para más de 110 mil jubilados a partir de 2025.
Son tan irresponsables los diputados que no solo no estipulan una fuente de financiamiento para este nuevo gasto, sino que no aumentaron el porcentaje de contribuciones de los actuales burócratas, que a futuro se acogerán a este beneficio cuando dejen de trabajar para el Estado. Y por si fuera poco, no tocaron los períodos laborales necesarios para poder recibir una pensión, con lo cual puede haber personas de 50 años, perfectamente productivas, que podrán jubilarse con solo 10 años de trabajo, sin haber dado las contribuciones necesarias, y dejarle todo el peso a las finanzas del Estado, es decir a usted, que posiblemente ni siquiera tenga acceso a una afiliación al Seguro Social.
La intención precozmente electorera se nota, pero también la prisa, la improvisación y la falta de criterios integrales. Para empezar, no existe en este miope zafarrancho legislativo, que no legislatura, ni siquiera la intención de discutir una nueva Ley de Servicio Civil, necesaria desde hace mucho para frenar el clientelismo, las contrataciones por “cuello” e incluso las plazas fantasma que siguen pululando.
Argumentan varios valedores de la reforma al decreto 66-88 que hacía más de tres décadas que no se efectuaba ninguna modificación. De hecho, la aprobación reciente se produjo después de cinco años de haber sido propuesta y fue retomada en enero. El problema no es que se mejore una norma, el problema es que se le coloque un parche que será oneroso para todos los contribuyentes, pues no contiene ningún método innovador para la captación y administración de los recursos aportados por los burócratas.
Además, si ese es el argumento, existen leyes de mucho más extendido beneficio que llevan décadas engavetadas, relegadas e incluso eludidas, comenzando por la de aguas, una nueva ley de tránsito, la ley de infraestructura, la de Competencia y la propia configuración de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que forma parte de la norma homónima. Ahora solo falta que en el Congreso se insista en el pretendido aumento salarial como irrisorio premio por cargar de gastos adicionales al erario tan solo para poder reclamar un ulterior voto de reelección.
Recientemente se publicó en este medio un estudio acerca del envejecimiento poblacional, agravado por las tendencias de natalidad y también la fuga de jóvenes guatemaltecos debido a la migración hacia Estados Unidos. Esto quiere decir que ni el Congreso ni el Ejecutivo pueden proyectar un aumento de fuerza productiva joven y sí una permanencia de los adultos y adultos mayores en el mercado laboral, por lo cual el propio Estado debe analizar los criterios de temporalidad de jubilación, sobre todo de aquellas personas que no pasan de los 60 años. Finalmente, de nuevo, si tanta es la pena por el segmento poblacional en edad de retiro, que organicen una secuencia de pagos para que el Estado como patrono se nivele en su multimillonaria deuda al IGSS.
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