No quisiéramos pensar que la llegada de un ministro de Gobernación de perfil exmilitar tenga que ver con el aumento de la intransigencia de agentes en contra de comunicadores sociales en el ejercicio de su profesión de servicio informativo, ajenos a los incidentes o situaciones que las fuerzas policiales son enviadas a atender o contener.
Ya van varios incidentes que han sido condenados por entidades de prensa. Cabe cuestionar si existe alguna deficiencia de formación por la reducción en el tiempo de capacitación de los aspirantes a agentes, ordenada por el actual gobierno so pretexto de aumentar el número de elementos. Es como si para tener más egresados de diversificado se redujeran los cursos a la mitad y aun así creer que tendrán el mismo desempeño.

El martes último fue agredido un reportero gráfico de Prensa Libre y Guatevisión que cubría protestas de opositores al rector electo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un agente de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) la emprendió a macanazos contra el periodista mientras tomaba fotografías. Nuestro compañero solo pudo interponer su cámara para evadir la agresión y el impacto quebró el lente.

El vocero policial ofreció disculpas y anunció que cotizarían el costo del equipo dañado para reponerlo: una triste señal de que no se entiende el quid del asunto: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”, ordena el artículo 35 constitucional, que debería ser memorizado en las aulas de la Academia de la PNC. El verdadero daño no está en el costo de una pieza de cámara, sino en el riesgo que corren ante tal conducta la vida y la integridad de todo periodista que desarrolla su labor profesional.

La institucionalidad y la mística policial comenzaron a ser socavadas desde el 2018, cuando el entonces ministro Enrique Degenhart, con la excusa de una supuesta “oxigenación”, removió a la directiva que le resultaba incómoda y a más de 25 comisarios y subcomisarios. Se perdió una generación de oficiales de la PNC formados con el paradigma de la seguridad democrática en un estado de Derecho, con enfoque científico, auditorías de desempeño y que exhibían claros resultados en el combate a la criminalidad con un declive continuado en los índices de violencia.

Mentes obtusas querían una directiva oficial plegada a la agenda de turno y descabezaron los promisorios avances. Los resultados están a la vista y para mayor complicación los ministros de Gobernación han desfilado por el despacho sin mayor trascendencia, excepto por ese énfasis discrecional en el uso de la fuerza. Si se trata de protestas pactadas o que hacen ruido distractor, pasan como si nada, pero si son de ciudadanos indefensos, suele haber un despliegue desmesurado que deja sin vigilancia amplias zonas de la metrópoli o sin descanso a los agentes. Por si fuera poco, la dignificación de las condiciones de trabajo de los efectivos sigue siendo materia pendiente.

Cuando ya restan 570 días para que el presidente Alejandro Giammattei Falla entregue el cargo, 367 para las elecciones generales y apenas 211 para la convocatoria, es difícil esperar un cambio ostensible en cuanto al manejo de la seguridad. Pero sí les queda tiempo para dar una ordenanza clara de respeto al trabajo de los periodistas y la integridad de los ciudadanos ajenos a incidentes, si es que tal intolerancia, intransigencia y agresividad solo ha permeado desde otra esfera.