Si bien por un lado puede entenderse la retirada de fuerzas de seguridad del área en conflicto, entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, efectuada con el argumento de evitar la confrontación con pobladores, tal discurso contradice lo actuado en otras regiones, en donde sí hubo enfrentamientos directos y estrategias decididas de recuperación del orden en regiones bajo bloqueo. No se lea esto como un aval a estados de excepción, sino solo como un contraste de situaciones acontecidas en el período actual de gobierno.

Continúa informe, es decir, sin forma ni claridad, el análisis de verdaderas causas subyacentes y la identificación de los detonantes reales de los enfrentamientos entre bandos, que se presume pertenecen a los municipios vecinos en pugna. La antigüedad del conflicto territorial por una arbitraria demarcación hace siglo y medio es uno de esos factores, pero sin duda no es el único, aunque sí quizá el más obvio. Extraña sobremanera que el Estado haya sido incapaz de levantar un informe integral de inteligencia acerca de la geografía física, humana, económica, comercial, cultural y religiosa de estas comunidades, con miras a afinar los mecanismos de negociación y potenciar acuerdos.

El uso de la fuerza ha sido recurrente en las ocasiones en que la violencia aflora y esa misma recurrencia exhibe la ineficiencia de este tipo de abordaje reaccionario. Por otra parte, el retiro de la fuerza pública a causa de un ataque sorpresivo, pese al hallazgo de explosivos, armas, municiones y trincheras, deja en entredicho la capacidad de quienes gestionan la gobernabilidad. La salida precipitada exhibe falta de planes, y en la práctica deja inermes a los pobladores pacíficos y genera nuevas incertidumbres.

Quien conoce la región de la bocacosta entre Suchitepéquez y Sololá sabe que se trata de un área de inmenso potencial económico en todos los órdenes: agrícola, pecuario, comercial y en especial, ecoturístico. Esta riqueza contrasta con la escasa infraestructura vial, las deficiencias en telecomunicaciones y la nula presencia de vigilancia policial en estos tramos carreteros, en su mayor parte de terracería y en pésimo estado. Ello, por no mencionar las deficiencias en la atención nutricional de los niños, las deplorables condiciones de los establecimientos escolares y las pocas oportunidades laborales para los jóvenes en otras áreas que no sean el sector primario y el comercio básico.

La descripción anterior parece no solo coincidir con Ixtahuacán y Nahualá, sino también con otros municipios y por ello la gran clave para retirarle personal e interés a estas conflictividades radica en estimular un desarrollo equitativo y una administración responsable de los recursos. No es aceptable desde ningún punto de vista que al acontecer un brote violento de este tipo, que afecta la productividad y la imagen del país, el gobernador departamental no aparezca por ninguna parte porque está “de descanso”. Los cargos de funcionarios no son premios ni becas de privilegios, sino responsabilidades de servicio a tiempo completo.

La pacificación de esta zona puede parecer un tema de segundo o incluso tercer orden en la agenda de la gestión de Alejandro Giammattei, que ha cerrado instituciones de diálogo o las ha puesto bajo la dirección de mentes obtusas. Sin embargo, el conflicto Nahualá-Ixtahuacán es la verdadera prueba de habilidad, madurez e inteligencia institucional para las autoridades actuales. Para atenderlo se necesita más que policías y soldados, pero por ahora ni eso hay.