La transición de gobierno ha sido larga, ambigua y llena de dobles discursos de parte de la administración saliente, que por un lado efectuó un teatral acto de inicio del relevo, pero no ha sido consistente en la entrega de informes en todas las áreas, sobre todo en aspectos claves como la seguridad o el arreglo migratorio con Estados Unidos, el cual, según la Cancillería, no requiere ni siquiera de publicación en el diario oficial porque supuestamente ya entró en vigencia con la sorpresiva llegada de un ciudadano hondureño, la semana pasada. Cabe resaltar que, pese a la existencia del convenio, este no fue totalmente aplicado porque el migrante prefirió volver a su país antes que acogerse al supuesto tercer país seguro donde debía pedir asilo. Así que fue más bien un deportado más que, en virtud del tratado CA-4, pasó por el país pero no aplicó los supuestos protocolos que se intentan validar a la fuerza.

El vigilante Ministerio Público debería, de oficio, abrir una investigación sobre la legalidad de un convenio que compromete al territorio guatemalteco pero que no fue ratificado por el Congreso e intenta ser legitimado por las autoridades salientes. Incumplimiento de deberes, abuso de poder o incluso fraude de ley deberían ser algunos de los tipos legales a evaluar, si es que son garantes del Estado de Derecho. Por su parte, el gobierno electo no debería consentir ni asumir compromisos que no están reglamentados ni tienen el apoyo de entidades internacionales y que comprometen recursos económicos nacionales, tan solo para complacer la agenda de las elecciones estadounidenses. Si hay firmado un convenio en materia migratoria que involucra al territorio nacional, bien, pero debe pasar al Congreso. Si el presidente podía delegar o no tal potestad en un ministro, no electo popularmente ni representante de la unidad nacional, también es materia de discusión constitucional.

El actual Congreso renunció tácitamente a conocer el proyecto de presupuesto 2020 al no convocar a más plenarias antes de la fecha límite para su aprobación. Se puede argüir que es una decisión soberana que obliga a dejar en vigencia el gasto aprobado para 2019, con la consiguiente cauda de reasignaciones de financiamiento y rubro, un trabajo que demorará al menos cuatro meses. Es probable que el gobierno entrante haya preferido esta salida para no tener que avalar las abusivas asignaciones interesadas que hiciera la Comisión de Finanzas, pero es a la vez una muestra más de la irresponsabilidad, inmadurez y falta de cultura política de diputados salientes, sobre todo los afines al oficialismo, que no pudieron superar la tozudez y prefirieron agregar incertidumbre y costo de oportunidad al país.

Para subsanar la impresión de una transición en trance sería necesaria una asertiva declaración conjunta de gabinetes, saliente y entrante, acerca de los consensos, continuidades e incluso desacuerdos de cara al 14 de enero de 2020, pero dadas las evidencias del trimestre pasado, tal coyuntura estratégica se ve improbable. El nuevo gobierno ha efectuado reuniones en varios puntos del país para anunciar aspectos de su agenda inicial, algunos de los cuales son ansiados e incluso loables. Lamentablemente ha sido notoria la asistencia de personajes cuestionados, diputados tránsfugas y operadores políticos de gestiones anteriores que vuelven por nuevas cuotas de poder. En todo caso, el gobierno electo debe afrontar una terrible gran ventaja que alguna vez tuvo el hoy languidesciente: hay muchas expectativas sobre ellos, acrecentadas por las decepciones acumuladas durante los últimos cuatro años.