La permisividad, el crecimiento desordenado de los centros urbanos, la falta de lineamientos claros de cooperación o deslinde de responsabilidades entre comunas y hasta el temor de caer en impopularidad política que amenace ulteriores aspiraciones figuran entre las causas del caos diario que se vive en el transporte de pasajeros, tanto en el distrito metropolitano como en cabeceras departamentales y municipales. La pandemia agravó y encareció el problema, puesto que han proliferado servicios no registrados que en algunos casos son prestados por vehículos de dudosos propietarios.

Reglas tan simples como contar con un seguro de vida y de daños no se aplican por igual a todos los prestadores del servicio de transporte, por la dejadez en la aplicación de las normas o a la inexistencia de las mismas. Pero el asunto no para ahí: la proliferación de vehículos que simulan ser taxis, sin licencia de operación ni revisión del estado mecánico, inspección de la calidad del servicio, respeto a las medidas de bioseguridad y mucho menos sanciones ejemplares para quienes infrinjan las normas dejan a los usuarios indefensos ante los abusos o los riesgos, pues la necesidad de trasladarse a su lugar de trabajo es apremiante y cotidiana.

Para empezar, bien podrían las policías municipales y también la Policía Nacional Civil dejar de detener solo a motoristas sin casco para emprender operativos sistemáticos para la depuración de todo vehículo no autorizado para estas funciones, que son una competencia desleal para quienes sí cuentan con los respectivos permisos y cuidados. Pero el desafío va más allá, pues involucra a Gobierno central, municipalidades y hasta al Congreso de la República.

La prolongada pausa impuesta al servicio de autobuses rojos y microbuses debe aprovecharse para desechar las unidades inservibles e inseguras, crear registros permanentes de prestadores calificados del servicio y proceder a una reorganización a gran escala de rutas, frecuencias y tarifas, en el entendido de que los usuarios merecen una mejora tangible, no cosmética.

Si bien el servicio del Transmetro cubre buena parte de los ejes urbanos, todavía hay mucha ambigüedad sobre las rutas alimentadoras y el tipo de automotores autorizados para trasladar a las personas desde o hacia destinos específicos.
Asimismo, desde el comienzo de la reactivación de algunas formas de transporte público se avaló un alza de precios del pasaje para, supuestamente, poder garantizar el distanciamiento entre pasajeros. Sin embargo, numerosos autobuses y también vehículos livianos circulan sobrecargados y sin distanciamiento, pero, eso sí, con el cobro añadido, lo cual representa un beneficio ilícito que ni siquiera es fiscalmente cuantificado.

Una de las prácticas más frecuentes de ciertos grupos de pilotos o transportistas es recurrir a paros o bloqueos de rutas principales para protestar en contra de regulaciones, multas y sanciones. Las autoridades municipales o nacionales suelen dar su brazo a torcer ante tales presiones. Es así como el pago de un seguro de vida para taxis volvió a posponerse una vez más, los reductores de velocidad para líneas interurbanas y extraurbanas quedaron relegados y la implementación de molinetes o cobros digitales han tenido tropiezos. Sin embargo todavía es tiempo de defender a los empresarios lícitos y correctos de las gavillas que solo se aprovechan de la necesidad cotidiana de los usuarios.