La improvisación es causa de tantos costos adicionales en la administración pública, la construcción de infraestructura y la supervisión de la calidad de las obras, debido a que con cada nueva gestión que llega, ya sea al Palacio Nacional o a los 340 municipales, comienza un círculo de prueba y error, de borrón y cuenta nueva, de continuación con inercia e inicio de nuevos proyectos que no están guiados por una agenda de Estado, mucho menos por consensos serios sobre las grandes apuestas nacionales decisivas para potenciar la competitividad y la transparencia.

Abundantes y burdos ejemplos existen de este descontrol, en el cual también intervienen los intereses creados, voracidades desmesuradas y compadrazgos politiqueros que están muy lejos de tener un mínimo de empatía con la población, excepto para los discursos demagógicos. No es una cuestión ideológica, pues de uno u otro lado del espectro partidario se han dado casos de proyectos hechos a la carrera, con materiales defectuosos o sin las especificaciones técnicas, tan solo por mencionar algunos condicionantes que únicamente tienen dos explicaciones: incapacidad o dolo. La primera no es un atenuante y la segunda termina casi siempre en mayores desmanes al amparo de la impunidad.

Uno de los recientes casos de pésima planificación de una obra urgente es la construcción de un viaducto de retorno en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez. Si bien el proyecto se trazó desde 2017, no fue sino este año que comenzarían los trabajos. Los inadecuados desvíos previstos fueron una especie de metáfora de los defectos que acarreaba el diseño del proyecto, el cual finalmente fue suspendido.

No obstante la suspensión, se hizo efectivo un anticipo superior a Q3 millones, del cual no dan cuenta ni la empresa contratista ni el propio Ministerio de Comunicaciones. Cabe señalar que fue la presión pública, por los disfuncionales cierres viales, la que disparó las alarmas sobre este proyecto fallido, cuya ubicación de por sí despertaba dudas. Hasta la fecha no se sabe cuándo se retomará ni en qué lugar, lo cual es una evidencia más de lo que se señala al principio de este texto: la improvisación solo contribuye al dispendio y luego de los fiascos no hay quien se haga responsable. A la fecha no existe una sola denuncia para poder recuperar el dinero o señalar a los responsables del fracaso.

No es que no existan parámetros fiables o que no haya capacidad profesional en Guatemala; por el contrario, existen ingenieros íntegros y firmas con capacidad de ejecutar y hacerse responsables de la calidad de tramos carreteros. Así también hay un manual, denominado Libro Azul, con las especificaciones para la construcción de carreteras y puentes. El problema se da en los arreglos oscuros, las talachas de comisiones ilícitas y las asignaciones a dedo para empresas de amigos o parientes de diputados, e incluso funcionarios activos, que luego aseguran no tener ninguna relación con las mismas debido a que supuestamente las vendieron a familiares consanguíneos.

Por ello causa tanta alergia en los oficialismos la discusión y aprobación de una ley de infraestructura vial que permita la concesión de obras al cuidado de quienes las construyan, una opción que obliga al ejecutor a desarrollar correctamente un tramo, que reporta regalías al Estado y brinda un tránsito digno a todos. Pero no les interesa porque cerraría la puerta al grifo de los millones malhabidos aunque disfrazados de decentes.