Editorial
Urge combate total contra secuestros
El repunte de casos de secuestro, sobre todo en departamentos del norte y oriente del país, entraña un total desafío para las autoridades de seguridad.
No hay delito que no sea deleznable. Robo, agresión, amenazas, extorsión, asesinato son tipos legales que además del mayor castigo judicial merecen el escarnio público para sus perpetradores. Y lo mismo cabrá esperar para quienes faciliten, contribuyan o sean cómplices de tales fechorías, verdaderas barbaridades que desmerecen la calificación de “humano”. Pero sin duda alguna, dentro de la tipología criminal, el secuestro de personas es especialmente execrable porque ejerce macabras combinaciones delictuosas para hacer sufrir a familias completas, torturar a personas sin distingo de edad privándolas de su libertad y sometiéndolas a encierros degradantes e incluso poniendo en peligro su vida… todo para cobrar un deleznable monto: un sucio negocio.
El repunte de casos de secuestro, sobre todo en departamentos del norte y oriente del país, entraña un total desafío para las autoridades de seguridad, incluidos Gobernación y Ministerio Público. Cada abducción incrementa el poder de fuego e intimidación de dichas gavillas y ello no se puede permitir indefinidamente. Hasta el 11 de septiembre se reportaban 39 capturas de secuestradores, pero el flagelo persiste y aterroriza.
Cierto, se debe reconocer que las pesquisas de la PNC y el MP han devenido en detenciones y encarcelamientos. Pero esto solo funciona como disuasivo si las prisiones impiden la conexión de reos y secuaces. Débiles registros de visitas carcelarias, trasiegos de teléfonos o terminales de internet, así como complicidades internas son los factores que explican la manera en que un secuestrador convicto, sentenciado a 80 años de prisión, como Rigoberto Morales Barrientos, dirija bandas de plagiarios a pesar de estar tras las rejas, según señalan los investigadores antisecuestros.
El secuestro denota una descomposición total de los perpetradores, una insensibilidad patológica al dolor ajeno y también una sensación de impunidad generada posiblemente por la lentitud, ineficiencia y reyertas sectarias del sistema de justicia convertido en arma represora contra la ciudadanía y no en instrumento primordial para defender la vida, la integridad física y la propiedad de los ciudadanos. El combate frontal a este flagelo y el procesamiento prioritario de esta clase de delincuentes deberían ser una convicción de todos los funcionarios de la cadena de aplicación de la ley.
Pero para ese tema no hay ni siquiera conferencias de prensa para denunciar y prevenir a la población, para describir con precisión los modos de operar y declarar una cruzada total antisecuestros, que incluya propuestas de ley para aumentar las penas y acelerar la construcción de prisiones de máxima seguridad con el fin de apartar a esos peligrosos perfiles de cualquier facilidad para proseguir con sus tropelías.
Cabe mencionar la existencia de modalidades exprés de secuestros, lo cual no los hace menos miserables. En muchos de los casos se trata de asaltantes que se aprovechan del caos y la permisividad municipal hacia los taxis ilegales, no registrados, no rotulados, con pilotos sin autorización y vidrios polarizados. Exigen a sus víctimas sacar dinero de cajeros automáticos o que algún familiar entregue una suma a cambio de la liberación. Sin embargo, en el fondo es una amenaza contra la vida y una vivencia que a menudo deja secuelas de años: paranoia, ansiedad, depresión, un sufrimiento permanente por el solo hecho de haber tenido necesidad de abordar un transporte a casa. Si sigue ocurriendo es que no se están haciendo todos los esfuerzos esperados.
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