Fue notorio el negacionismo y la cerrazón exhibidos en la alocución del presidente Alejandro Giammattei, transmitida el lunes último a propósito de los efectos de las protestas ciudadanas y bloqueos ilegales, que en algunos casos confluyen. La crisis actual demanda de su investidura y de su equipo una capacidad integral de análisis y de abordaje del diálogo. Se trata de una carencia, indiferencia o abstención que tiene más de 12 semanas, desde que comenzó el asedio del Ministerio Público de Consuelo Porras en contra del proceso electoral, del Tribunal Supremo Electoral y de los resultados de los comicios presidenciales.

Tal mutismo, cada vez peor disimulado, lo ha colocado en la postura de criticar los plantones que después devinieron en multiplicación de cierres viales, cuyo daño a la economía nacional y también hogareña crece a diario. La incomparecencia pública del mandatario ante los medios de prensa, la falta de puentes de comunicación directa con los demandantes y la aparente anomia de la súbita aparición de supuestos manifestantes violentos —muy similares a los que detonaron la represión de las protestas del 2020, bajo el mando del exministro Gendri Rodas— ponen a Giammattei Falla en una postura endeble, a 95 días del final de su mandato.

La mediación de diálogo solicitada a la Organización de Estados Americanos está en marcha. El valor de este acompañamiento hemisférico radica en la perspectiva plural de Estados democráticos, los cuales han denunciado con claridad que el detonante de este deterioro son las acciones arbitrarias impulsadas por la fiscal general, Consuelo Porras, en contra de los resultados electorales y, por ende, en contra de la soberana voluntad ciudadana, mediante ardides legaloides.

Sin perjuicio del derecho de petición, de manifestación y de libre expresión, es necesario decir que si un bloqueo daña el derecho de acción de otro ciudadano no puede ser “pacífico” y entraña una clara ilegalidad. No se pueden combatir abusos con abusos y, en todo caso, el clamor ha sido expresado. Para no caer en la misma categoría de los que atentan contra la voluntad electoral ciudadana, es necesario que los líderes comunitarios ordenen la liberación inmediata de la circulación vial que atenta contra la voluntad y necesidad individual ciudadana. En este punto, el presidente electo, Bernardo Arévalo, también tiene la responsabilidad de llamar a la desescalada de acciones, en favor del bien común y en prevención de impactos mayores a la economía de comunidades, micro y pequeñas empresas, así como también grandes generadores de empleo.

Existen intentos de infiltración o emulación de las protestas, sí. Los ciudadanos que espontáneamente se han sumado no quieren dañar, sino al contrario, construir un mejor país, lo cual incluye una institucionalidad íntegra. La falta de liderazgo político y ético, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y, por supuesto, en el Ministerio Público ha dejado un espacio vacío a politiqueros derrotados que tras las sombras quieren sacar raja del desorden.

La presión se centra en la permanencia de la fiscal general que, de prolongarse, solo agudizará las tensiones y mantendrá la amenaza de asedio contra los comicios, un proceso que ha sido calificado de golpe a la democracia. La ciudadanía ha salido a gritar lo que no se quiso oír ni divulgar a causa de la oscura declaración de reserva de pesquisas y expedientes. Urge desbloquear vías para iniciar la recuperación, pero también es necesario desbloquear la institucionalidad usada aviesamente.