Casi por inercia aparecen poco a poco nuevos detalles que dan perspectiva al embrollo en que se convirtió el afán del gobierno de Jimmy Morales por urdir con la administración de Donald Trump un arreglo referente a la crisis migratoria, pero negociado a escondidas de la ciudadanía y muy probablemente sin explicar a tan poderosa contraparte todas las fases legales necesarias para que el Estado de Guatemala pudiera ratificar cualquier acuerdo que involucre al territorio nacional.

En una declaración pública, el miércoles, Trump insistió en que el gobierno guatemalteco, encabezado por Morales, le había asegurado que se firmaría el plan de Tercer País Seguro. Al ver que no era tan fácil como se lo ofrecieron, por cuestiones de legislación y soberanía, decidió presionar más para salvar su proyecto de desvío de migrantes, que constituye una de sus cartas políticas de cara a la reelección en el 2020. Las duras medidas intimidatorias evaluadas por Trump contemplan elevar los impuestos a las remesas, subir aranceles a exportaciones guatemaltecas y vetar la entrada de connacionales a suelo estadounidense, lo cual ha puesto en alerta a los sectores productivos, políticos y académicos del país, que también han advertido del daño que representaría para el territorio convertirse en repositorio de migrantes.

El craso error de la estratagema de relaciones exteriores guatemalteca fue meterse, por un exceso de confianza, en una negociación en solitario, en lugar de continuar con el enfoque regional. Al fin y al cabo, salvadoreños y hondureños también atravesaron el territorio nacional en busca de la frontera estadounidense. Es posible que Morales y su oficiosa canciller hayan creído que el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén todavía les deparaba réditos políticos, lo cual obviamente no es así. Esa presunción pudo hacerles creer que las frecuentes visitas al país del secretario de Seguridad Interior, John McAleenan, eran un signo de aveniencia y no lo que en realidad fueron: un fuerte llamado de atención hacia el éxodo migratorio. El Ejecutivo culpó al fallo de la Corte de Constitucionalidad de supuestamente entorpecer lo que describió como “excelente relación bilateral” con EE.UU., solo por haber indicado que una negociación de esa índole debía ser aprobada por el Congreso. De hecho, la “excelente relación” empezó a deteriorarse a causa de los mismos despropósitos de Morales y su ministro de Gobernación: el desfile de los jeeps artillados J8 frente a la embajada de ese país, el 31 de agosto, y el amago de devolución de esos vehículos, en enero pasado, dieron pie al anuncio del cese de asistencia en seguridad y otros programas el 31 de marzo último.

Quienes sí emprendieron excelentes relaciones bilaterales son México, El Salvador y Honduras. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue elogiado el domingo último por el secretario de Estado, Mike Pompeo, a quien le pidió un trato diferente para sus conciudadanos a cambio de esfuerzos por frenar la migración. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se apresta para sostener mañana una reunión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para entrar al plan de desarrollo e inversión contra la migración impulsado por este; una cita a la cual Bukele asistió el 20 de junio, en Tapachula, Chiapas, y a la cual no fue invitado el gobierno guatemalteco. El caso es que esos tres países no se encuentran hoy en la mira de Trump, como sí lo está Guatemala, por una negociación que sigue siendo secreta y que urge develar para poder reencauzar el diálogo, que debe ser retomado y renovado por personas capaces y dignas que tengan la entereza de defender la dignidad de su Nación.