La confianza es un factor vital para cualquier diálogo serio y constructivo. Esa confianza se construye desde el respeto entre los interlocutores, el cumplimiento de compromisos y, sobre todo, la ausencia de cualquier tipo de chantaje, presión o condicionamiento previo, en el entendido de que nadie obtendrá todo lo que quiere, pero se beneficiará con una buena parte de lo demandado. Es vital el papel del mediador, cuya imparcialidad debe ser incuestionable y su autonomía para el planteamiento de propuestas debe ser reconocida por las partes en conflicto. Aunque en el Gobierno exista la llamada Comisión Presidencial del Diálogo, su efectividad está limitada por su misma ubicación en el organigrama estatal. En todo caso, se trata de una delegación del poder Ejecutivo que puede buscar un auténtico entendimiento o bien a un arreglo a conveniencia gubernamental según la coyuntura.

Es endeble la credibilidad del Ejecutivo, debido a intransigentes posturas y acciones anteriores en situaciones de controversia; por ejemplo, cuando los médicos de varios hospitales salieron repetidamente a exigir medicamentos y sus requerimientos no tuvieron respuesta concreta, o cuando ciudadanos salieron pacíficamente a manifestarse el 21 de noviembre del año pasado, en contra del deficitario presupuesto, y fueron reprimidos por la Policía Nacional Civil, que perseguía —sin lograr capturar— a los vándalos que incendiaron el Congreso.

En el caso de los bloqueos viales y enfrentamientos en el municipio de El Estor, Izabal, que llevaron a la declaratoria de un estado de Sitio, aún no quedan claras las auténticas prioridades y motivaciones del Ejecutivo, pues se trata de una concesión minera que se encuentra suspendida. Existe un grupo de vecinos en desacuerdo con el funcionamiento de dicha mina, pero toda la población del área está a las puertas de una consulta comunitaria y su voto será decisivo. En todo caso, el descontento de un sector debió ser visibilizado o atendido en la medida de lo posible.

La Comisión Presidencial de Diálogo reporta a través de redes sociales encuentros con comunitarios y otros actores del proceso de consulta, pero recientemente no existe ninguna información sobre las dificultades, objeciones o incluso interferencias del proceso. Ello podría haber reducido el desgaste, que hoy es inevitable para la administración gubernamental, que suspendió garantías constitucionales en el área de conflicto, una medida que no resolverá la controversia y podría entorpecer el referendo o viciar su credibilidad. El Gobierno debe hacer públicos esfuerzos documentados de diálogo, comunicación y difusión de información pertinente sobre el proceso de consulta y de la actividad minera, tanto en español como en los idiomas mayas predominantes en la región, sobre todo el k’ekchi’.

Finalmente, un estado de Sitio es una medida legal dentro de un régimen democrático. Permite alguna limitación de derechos, con el fin de restablecer el orden, pero no constituye una carta blanca para la represión ni para la extralimitación.
El aval del Congreso de la República solo fue un trámite pactado. Cuando el presidente declara ese tipo de excepción se está haciendo responsable de lo que allí ejecuten todos sus subalternos. Las vidas de los pobladores de la región afectada por la medida están bajo su tutela directa, incluyendo las de quienes han expresado desacuerdos, los cuales deben ser resueltos con visión de largo plazo y sin el fantasma de cualquier conflicto de interés.