El gran problema con la corrupción es que cada vez se intenta disfrazar más de aparente leguleyada -de fondo inmoral-, de requisito, de inercial tardanza burocrática, de discurso demagógico y hasta de fariseísmo. Es bajo este camuflaje que a veces pretende mimetizarse la opacidad en un contexto nacional de perenne crisis para lograr pasar con adjudicaciones amañadas, licitaciones con dedicatoria, sobreprecios, contratos para patrocinadores y allegados y hasta ofensivas sectarias contra la propia institucionalidad nacional.

Tan solo el paso del tiempo, la evolución de casos -que a veces llegan a tener implicaciones en países como EE. UU.-, la continuidad de las deficiencias y, sobre todo, la paulatina revelación de incongruencias entre discurso y acción dejan al descubierto que persisten prácticas dañinas en determinados estamentos del Estado. Su persistencia es a menudo posibilitada por la negación a priori de los gobiernos, que se precipitan a atribuir los casos a ataques políticos, a revanchas o a resentimientos entre competidores en licitaciones, situaciones que son factibles de examinar, pero que no en todos los casos serán la causa directa.

El actual gobierno creó una comisión anticorrupción que presentó algunas denuncias en abril por posibles irregularidades en precios y contratos de medicinas, hecho que incluso motivó la salida de viceministros. Sin embargo, continúan los señalamientos por posibles plazas fantasma o por deudas políticas en Salud, así como quejas por el manejo de varios programas en el Ministerio de Desarrollo. Estas carteras concentran la mayor cantidad de reclamos, incluyendo la escasez de ciertos fármacos en los hospitales temporales, al punto que los mismos familiares de los pacientes de covid-19 tienen que comprarlos para salvar la vida de su ser querido.

Es obligado señalar que hasta la fecha todavía no se ha concretado el convenio de contrato abierto con la Oficina de Proyectos de Naciones Unidas, OPS, que permitiría agilizar las adquisiciones y obtener mejores precios -algo que ya funciona en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que en el último año permitió ahorrar más de Q1 mil millones – lo cual, obviamente, golpea determinados intereses.

La renovación del Organismo Judicial será una pieza clave en favor de la lucha por la transparencia y por la aplicación de sanciones en contra de todas aquellas personas involucradas en fraudes, malversaciones, tráfico de influencias, intercambio de favores ilícitos y más. Pero no se trata solo de castigar a nivel legalista, sino también de evaluar el peso de las acciones en el plano ético, pues cada acto refleja valores o no. Por ejemplo, elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, sospechosamente relegada por el oficialismo; es imperativo excluir a quienes tienen nexos evidenciados con negociadores políticos. Esto no será un prejuicio ni un atentado a su presunción de inocencia, sino una garantía institucional acorde al espíritu axiológico de las leyes.

El ciudadano honrado debe rechazar la corrupción y repudiar toda acción de diputados, alcaldes y funcionarios que distorsione el poder delegado. Los sectores económicos y sociales organizados, universidades, entes de investigación e iglesias deben aglutinarse en un gran foro nacional por la probidad, a fin de demandar el combate frontal a toda práctica que entorpezca, sabotee o instrumentalice la labor pública. Ya se ha exigido priorizar la elección de cortes, que se abastezcan los hospitales, que se renueven las leyes de compras y de servicio civil. Si las autoridades aludidas no responden, es que le están respondiendo a alguien más.