Mientras el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, John Sanders, renunció ayer a su cargo, debido al aluvión de críticas generadas por las denuncias de las condiciones inhumanas de detención de menores en un mal llamado albergue de Texas, la canciller guatemalteca, Sandra Jovel, quien hizo una gira por varios centros de aquel mismo estado, se limitó a decir el lunes último que consideraba “buenas” las condiciones de reclusión para los conciudadanos e incluso agradeció a las autoridades estadounidenses, en la continuación de un mantra de condescendencia y ambigüedad con el cual el gobierno guatemalteco ha rehuido sistemáticamente demandar respeto a la dignidad de los conciudadanos; ello, para no desgastarse ante la administración de Donald Trump, sin caer en la cuenta de que su interesada aquiescencia tiene un altísimo costo humano.

Abogados defensores de libertades civiles encontraron un cuadro de horror y crueldad en uno de los centros a los cuales pudieron ingresar: niños menores de 2 años al cuidado de otros menores, muchos de ellos con serias infecciones, pero sin cuidado médico, ni abrigo o higiene, en una especie de ordalía medieval que casi pareciera intencional a fin de convertirla en un disuasivo, lo cual, de ser así, también constituiría una contravención total a los altos valores y derechos que EE. UU. ha enarbolado a lo largo de su historia.

La crisis de albergues migratorios no es nueva, pero de no ser por la valiente denuncia de los activistas de derechos humanos, muchos de esos pequeños, de los cuales el gobierno de Guatemala no ha exigido ni presentado nombres o expedientes, continuarían en ese lugar o, peor aún, habrían corrido la suerte de otros como Felipe Alonso, de 8 años; Jakelin Caal, de 7; o Juan de León Gutiérrez, 16, que murieron bajo custodia de autoridades estadounidenses sin que a la fecha la canciller Jovel haya planteado un reclamo vehemente y digno, lo cual constituye la omisión más grave.

En lugar de constituirse en los representantes de una soberanía nacional de la que tanto han alardeado para atacar causas que no se pliegan a sus intereses, las actuales autoridades de Relaciones Exteriores se han contentado con llevar el compás de una danza de apariencias sobre la memoria de quienes murieron en busca de las oportunidades que no encontraron en el país. No constituye este texto en manera alguna un aval ni una incitación, pero sí una observación del proceder indolente de quienes deberían amparar a los guatemaltecos en el exterior, incluyendo a los indocumentados.

Lamentablemente son voces de otros países las que levantan el grito de indignación por los atropellos en los albergues, como la congresista Alejandra Ocasio Cortez, quien los comparó con campos de concentración a causa de las denigrantes instalaciones, que ya fueron evacuadas ante las protestas de muchas personas y sectores entre los cuales no se encuentra el gobierno de Jimmy Morales. Cabe señalar que fue más bien cosmética la visita que efectuaran funcionarios de gobierno a los centros de detención. Desde allí hicieron un llamado a los guatemaltecos para que desistan de la idea de migrar a EE. UU. Esa fue la parte fácil. Lo más coherente sería ir a conocer las condiciones en las cuales se vive y muere en comunidades como el parcelamiento Chiquirines, de La Blanca, San Marcos, de donde eran originarios Briseyda Chicas y su hijo Denilson, quienes fallecieron al intentar cruzar la frontera, en un desesperado intento por huir de la pobreza y el hambre que el actual gobierno no ha sabido combatir por concentrarse en otras agendas.