Existen varias evidencias lamentables del desinterés del Ejecutivo y el Legislativo por mejorar la infraestructura vial, pero sin duda la más dolosa es el total ninguneo a la iniciativa de ley de infraestructura, que podría sentar las bases de la modernización de la red caminera del país a una escala sin precedentes. Dicha propuesta no solo establece metodologías técnicas para priorizar obras, sino además fija estándares de transparencia y supervisión al momento de asignar proyectos: precisamente lo que no les conviene a los contratistas devenidos en diputados o con pactos para el amaño de proyectos con ulterior reparto de utilidades y coimas.

La creación de la Superintendencia Vial (Sivial) como ente autónomo, propuesta en la iniciativa, le quitaría al Ministerio de Comunicaciones el botín vial y obviamente no les conviene a la manga de diputados que pactaron, por ejemplo, la asignación de Q3 mil 191 millones sin destino específico en una oscura transparencia que, irónicamente, no permite atender emergencias como las suscitadas en días recientes en Villa Nueva, la carretera Interamericana o el paso entre Zacapa y Chiquimula. Les interesa más tener a obedientes funcionarios de medio rango dispuestos a perder millones de quetzales
—ajenos— en verter concreto antes de concluir el análisis de una grieta, por citar el más reciente ejemplo de la ineptitud con la cual se maneja el área vial, crítica para el desarrollo y la competitividad.

Tales exhibiciones de incapacidad ocurren ante un soberano silencio presidencial y vicepresidencial, que no mueven un dedo para supervisar a sus subalternos. Todo lo que decía el supuesto plan de innovación de la campaña resultó ser un agujero para que cayeran incautos.

De manera vehemente, aunque tardía, el empresariado organizado del país presentó un análisis de la ejecución de recursos públicos en materia vial y concluyó que nada ha cambiado: no hay coordinación ni continuidad ni plan claro para la construcción, ampliación y mantenimiento de rutas. Pese al apoyo que han brindado al Ejecutivo, este no ha respondido a las expectativas. El desorden se refleja en que carteras como la de Desarrollo Social, que nada tienen que ver con este tipo de proyectos viales, dispongan de fondos para el efecto, lo cual tiene obvio tinte clientelar, electorero y discrecional.

Frente a los ensayos de prueba y error del ministro de Comunicaciones actual y de su predecesor, el sector de transporte de carga ha alzado la voz para exponer el encarecimiento de sus costos, no solo por la crisis del combustible, sino por el mal estado de las rutas, los embudos y la ausencia total de previsiones para crear vías alternas visionarias para la interconexión metropolitana e interdepartamental. Las deficiencias y negligencias en la gestión del CIV se aproximan aceleradamente a convertirse en indicios de posibles delitos como cohecho, colusión o malversación, por citar tres tipificaciones. La Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público deberían iniciar ya pesquisas para deducir responsabilidades de las crisis agregadas que ponen la economía de todo un país en riesgo.

Es poco lo que se puede esperar cuando el Gobierno insiste en consentir el mal rendimiento de sus ministros, pues no solo hay problemas viales, sino también hospitalarios, educativos, de seguridad, desnutrición y, por supuesto, la continuidad de la migración. Aún hay tiempo para un giro estratégico en el tema carretero, pero este debe incluir destituciones, denuncias, diálogo y la aprobación inminente de leyes como la de infraestructura o la de contrataciones. Todo lo demás es agujero.